El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Miguel Prieto está integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

El exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto se encuentra finalmente en el banquillo de los acusados, enfrentando un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales. El inicio de este juicio oral y público, enmarcado en el escanda­loso caso conocido como “Tía Chela”, representa un paso crucial para la Fiscalía, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del este.

El Tribunal de Sentencia —conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— ya declaró abierta la audiencia. En la aper­tura del debate, el Ministe­rio Público golpeó primero al presentar un incidente de inclusión probatoria clave: la declaración testimonial de Agustín Encina, director de Contrataciones Públicas. Encina es considerado un tes­tigo experto calificado para sepultar la estrategia de la defensa y responder sobre las irregularidades de las notas presentadas en el proceso de licitación.

La Fiscalía también aco­rraló al exintendente solicitando un informe definitivo a la Contraloría General de la República (CGR). Este docu­mento busca determinar si la nota recibida por Prieto fue manipulada o analizada deliberadamente cuando el órgano de control emitió el dictamen técnico n.° 44/2021. Cabe recordar que dicho informe de la Contraloría ya concluyó de forma contun­dente que la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión de Prieto, operó de manera dirigida para favorecer la adju­dicación del contrato de kits de alimentos por vía de la excep­ción (n.° 3/2020) a la empresa “Tía Chela”.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez, quienes sostienen la acu­sación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero. Asi­mismo, la estructura delic­tiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Flo­rentín Páez. El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emer­gencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.

La defensa de Miguel Prieto soli­citó al tribunal de sentencia que declaren 56 testigos. El pedido lo hizo como incidente de inclu­sión probatoria. Esta misma solicitud ya se había rechazado en la audiencia preliminar por lo que debería de correr la misma suerte. La audiencia oral pro­sigue el próximo lunes 7 de setiembre donde el Ministe­rio Público tendrá que contes­tar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y otros acusados.

La Fiscalía pidió la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas. El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributa­rios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimen­tos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

Varios excolaboradores de Prieto impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal.

“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contralo­ría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse el primer juicio oral y público contra el exintendente desti­tuido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patri­monial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pande­mia, en el año 2020.

“Con el inicio de este jui­cio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no guberna­mental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en inves­tigación.

En el caso Tía Chela, el pro­ceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vul­nerables durante la pande­mia del covid-19, en una pre­sunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.

“Es muy lenta la justi­cia, pero seguimos denun­ciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a tra­vés del Ministerio Público. A pesar de que todo el pro­ceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refi­rió Montiel.