La causa investiga un supuesto perjuicio de G. 505.154.095 relacionado con obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este, durante la gestión de Miguel Prieto.
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, tras admitir los hechos investigados en el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, que salpica al exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, quien también imputado en esta causa.
A través de los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Corrupción, se solicitó la abreviación del plazo procesal por un período de prueba de un año, para una procesada en el marco de la causa que investiga un supuesto perjuicio de G. 505.154.095 relacionado con obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este, durante la gestión de Miguel Prieto.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno, en el marco de la causa abierta por supuesta lesión de confianza, fundamentando que “la procesada reconoció los hechos investigados, aportó información que contribuyó a la investigación y solicitó acogerse a la suspensión condicional del procedimiento”. “En el caso específico de Cinthia Noelia Alen Guerrero, la misma no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal. Por consiguiente, se concluye que no contaba con la posición de garante del patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este; no obstante, prestó su aporte doloso para que se configure el resultado típico, exigencia requerida para atribuir la calidad de cómplice”, señala el documento.
Los fiscales agregan en la solicitud que “según informes remitidos por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la procesada, licenciada en Ciencias Contables, no registraría compras de materiales ni bienes utilizados para la construcción”, por lo que “este elemento robustecería la hipótesis de que estaría inscripta en una actividad comercial correspondiente al ‘rubro de la construcción’, mientras que su actividad comercial efectiva estaría vinculada a la contabilidad”.
El informe técnico elaborado por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, las obras que debían realizarse en 2020 en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional no se adecuarían a lo pagado por el Consejo Local de Salud con recursos municipales.