Agotadas las chicanas que alargó 6 años el proceso por el caso Tía Chela y carente de documentaciones para refutar las evidencias colectadas por el Ministerio Público, Miguel Prieto está en la antesala de un juicio oral y público. La corrupción en plena pandemia con la simulación de compras de alimentos a una despensita sin stock, mediante procesos licitatorios fraguados y confirmados incluso por los excolaboradores tienen acorralado al exintendente de Ciudad del Este.

Si bien especula con presión popu­lar, como lo hizo el año pasado para evitar la intervención de su admi­nistración, el exintendente Miguel Prieto de Ciudad del Este deberá tarde o tem­prano afrontar el juicio oral y público por uno de los casos más escandalosos de corrup­ción que lo sacuden desde la pandemia.

Pese a la serie de manio­bras, tras 6 largos años de chicanas ya agotadas en el proceso por el sonado caso Tía Chela, la Justi­cia va cerrando el circulo y prevé poner ante el arbitrio público todos los detalles del maquiavélico desfalco a las arcas de la municipa­lidad con el juicio oral cuyo inicio está fijado para el 31 de agosto próximo.

El proceso que lleva al ban­quillo de los acusados a Prieto y un grupo de excola­boradores, exproveedores, es por lesión de confianza, aso­ciación criminal y adminis­tración en provecho propio. La Fiscalía presentó sobra­das evidencias de simula­ción de compra-venta, pro­ceso de licitación fraguado adjudicado por emergencia no justificada y un perjuicio de G. 2.130 millones ocasio­nado con los kits de víveres no entregados a los benefi­ciarios, que era la población más vulnerable del munici­pio.

Un último intento de chi­canear el proceso presentó la semana pasada la exno­via del intendente Vanessa Florentín, conocida como Vanemi, y una de las invo­lucradas en la simulación de compra-venta de merca­derías como subproveedora ficticia, ya que el Ministe­rio Público comprobó que la misma nunca contó con el stock de víveres que “vendió” a Tía Chela en el intento de sustentar la ope­ración de la pequeña des­pensita. El Tribunal de Sen­tencia se expidió en contra y ordenó que se mantenga el inicio del juicio oral pre­visto para el próximo lunes.

Tras este revés, Prieto comenzó a movilizar a sus hurreros, en su mayoría funcionarios colgados del sueldo de la municipalidad.

El caso Tía Chela, denun­ciado por exconcejal Celso Miranda en marzo de 2020, es uno de los primeros ver­gonzosos casos de corrup­ción de una serie de 50, pre­sentados ante la Fiscalía.

En una rápida maniobra, dicho por la misma madre de Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, el exintendente ofreció el negocio sin que el potencial proveedor con­tara con los 25 mil kits de víveres en ese entonces. Armaron el proceso de manera veloz imponiendo como oferentes a padre e hijo y una amiga de Prieto que en ese momento ya con­taba con un jugoso contrato de provisión de almuerzo y así liquidaron la adjudica­ción a favor de Ávalos.

Lo más grave es que para las fotos solo adquirieron 10.000 de los 25.000 kits de alimentos por los que pagaron G. 2.949 millones y debían distribuir entre la gente más escasos recursos. En el intento de validar la entrega fraguaron firmas de presuntos beneficiarios, una misma persona se encargó de firmar por los 25.000 benefi­ciarios y las facturas de com­pra-ventas presentadas no son auténticas, son de pro­veedores ficticios.

Excolaboradores de Prieto en la Municipalidad que eran clave en el esquema de simulación de compra confirmaron los hechos en 3 procesos penales: Tía Chela, Tajy y los Pabellones de Contingencia.