Emili Vanessa Florentín, exnovia de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupción, madrugó en la jornada de ayer para interponer otra chicana.

Acorralado por la Justicia y despro­visto de credibili­dad en sus discursos de per­secución, el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto busca seguir dilatando el proceso que afronta por el sonado caso Tía Chela, con­sistente en la compra simu­lada de alimentos para gente vulnerable durante la pan­demia. Mientras a sus ami­gos de la prensa le dice que quiere demoler los argumen­tos fiscales, por detrás usa de emisaria a su exnovia invo­lucrada en el esquema para suspender el juicio oral que se avecina.

Emili Vanessa Florentín, exnovia de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este destituido por corrup­ción, madrugó en la jornada de ayer para interponer otra chicana y seguir dilatando el proceso judicial que afrontan por el caso Tía Chela, junto con otras 9 personas.

Vanessa, involucrada en el esquema de compra simu­lada de víveres liderado por Prieto, facilitó facturas de su ferretería Vanemi SA, por venta de mercaderías a Tía Chela y Tajy Servicios Gene­rales, dos proveedoras utili­zadas en el desvío de fondos durante la pandemia.

Los análisis de trazabili­dad que realizó la Dirección Nacional de Impuestos Tri­butarios (DNIT) demostra­ron que Vanemi, sin haber comprado ni tener inventario de un solo kilo de los alimen­tos vendidos a la municipa­lidad, presentó millonarias facturas en el intento de sal­var a los proveedores “mau” que tampoco contaban con el stock que simularon ven­der a la comuna. De la misma forma, Vanessa (Vanemi) Florentín intentó seguir esti­rando el caso que desde hace 6 años viene siendo poster­gado por el rosario de chi­canas que interponen los imputados.

Una reposición con apela­ción en subsidio es el recurso que ayer planteó la mujer para continuar chicaneando el proceso. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia le salió en contra declarando inadmisible el plantea­miento y se mantiene el ini­cio del Juicio Oral y Público para el próximo 31 de agosto.

Mientras Prieto se pasea por los medios para viralizar un video de panes elaborados en la procesadora de la comuna, única evidencia de defensa que presentó en estos 6 años de investigación penal, mani­festando que quiere afrontar a la justicia, su principal cóm­plice en el esquema de desvío de fondos públicos insiste en suspender el juicio oral. Cabe recordar que, según el Minis­terio Público, Prieto no distri­buyó la totalidad de los 25.000 kits que compró por G. 2.949 millones y los cruces de la DNIT como otros entes de control revelaron solo pudie­ron justificar stock por G. 819 millones, generando de esta forma un perjuicio de G. 2.130 millones a la municipalidad.