La previsional pidió prórrogas porque no dispone de la infraestructura para instalar los quirófanos modulares. La empresa entregó parte de los equipos y el contrato sigue vigente; la DNCP no suspendió el proceso.

Una revisión de los antecedentes de la licitación N.º 143/2019 para el reacondi­cionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares del Hospital Cen­tral del Instituto de Previ­sión Social (IPS) revela una serie de decisiones adminis­trativas que se deben consi­derar, principalmente por­que el contrato fue ampliado con una millonaria adenda y, posteriormente, quedó sus­pendido por tiempo indefi­nido debido a que la previsio­nal no tenía definido dónde sería instalado el nuevo blo­que quirúrgico.

El proceso se inició el 8 de noviembre de 2019, cuando la Dirección de Mantenimiento del IPS solicitó el llamado a licitación con base en infor­mes técnicos elaborados por responsables de las áreas de gases medicinales, electri­cidad y mantenimiento del Hospital Central. La adjudi­cación fue aprobada en 2020 por el entonces Consejo pre­sidido por Andrés Gubetich.

Tres años después, el 4 de enero de 2023, funcionarios de la Dirección de Manteni­miento solicitaron ampliar el contrato para incorporar la adquisición de placas fotovol­taicas. El pedido derivó en la Adenda N.º 4, formalizada el 14 de abril de ese mismo año y autorizada por el Consejo de Administración encabezado por Vicente Bataglia.

La ampliación repre­sentó un incremento de G. 8.186.400.000 al contrato ori­ginal. Según la documenta­ción, las placas fotovoltaicas fueron entregadas y recepcio­nadas oficialmente en mayo de 2023 y fueron acondiciona­das y utilizadas a otros quiró­fanos que estaban en servicio.

El proyecto cambia de rumbo un año después. En julio de 2024, la Dirección de Man­tenimiento elevó al Con­sejo de Administración un pedido para suspender el contrato sine die. La justifi­cación oficial señalaba que era imposible determinar cuánto demoraría el proceso administrativo para definir la nueva ubicación del bloque quirúrgico, condición consi­derada indispensable para instalar los quirófanos modu­lares previstos en el contrato.

Con base en ese argumento, el IPS aprobó una adenda que suspendió los plazos de eje­cución con efecto retroac­tivo desde el 22 de noviembre de 2022, mientras se elabo­raba un nuevo proyecto para la instalación de los equipos ya adquiridos. Aunque esta modificación no implicó un aumento del monto contrac­tual, dejó en evidencia que el proyecto carecía de una defi­nición sobre el espacio físico donde debía ejecutarse.

Posteriormente, en diciembre de 2024, otra adenda dispuso la reanudación de los plazos mediante la presentación de un nuevo cronograma de eje­cución, sin modificar el valor del contrato. En 2025, otra adenda se firmó para reflejar el cambio de denominación societaria de la empresa con­tratista, que pasó a llamarse Neighpart SA.

Otro aspecto que sobre­sale es que, de acuerdo con los registros del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el marco de la ampliación correspon­diente a las placas fotovol­taicas se realizaron pagos en septiembre de 2024 y poste­riormente en marzo, junio y agosto de 2025, acumu­lando desembolsos por G. 5.741.927.726.

La secuencia de decisiones administrativas plantea inte­rrogantes sobre la planifica­ción del proyecto. Mientras en 2023 se autorizó una amplia­ción multimillonaria para incorporar nuevos compo­nentes al contrato y estos fue­ron recibidos por la institución, un año después el propio IPS argumentó que no contaba con una ubicación definida para instalar el bloque quirúrgico, motivo por el cual resolvió paralizar la ejecución del con­trato por tiempo indefinido.

La Fiscalía imputó por lesión de confianza por el supuesto daño patrimonial, pero Neighpart SA tiene aún equipos a entregar.

Las sucesivas adendas al contrato de los quirófa­nos modulares no tuvieron como finalidad aumentar el monto de la adjudicación, sino prorrogar los plazos de ejecución debido a que el IPS nunca contó con la infraestructura necesaria para instalar los equipos. Esa situación persiste hasta la actualidad.

La empresa adjudicada Nei­ghpart SA cumplió con la entrega de una parte de los equipos, conforme a las con­diciones establecidas en el contrato, y el IPS emitió las correspondientes actas de recepción.

Actualmente, esos equipos permanecen almacenados en un contenedor dentro de la previsional, aunque se desconoce el estado en que se encuentran. Por las entregas realizadas, la firma percibió los pagos previstos contractualmente.

Sin embargo, el contrato aún no concluyó, ya que existen equipos pendientes de pro­visión y la ejecución conti­núa vigente.

En paralelo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) analizó el caso y dictaminó que el con­trato debía seguir ejecután­dose conforme a las adendas aprobadas y bajo determina­das condiciones.

En ningún momento el orga­nismo recomendó la suspen­sión o cancelación definitiva del proceso licitatorio. Esta situación plantea cuestio­namientos a la investigación del Ministerio Público, cuyo agente Julio Ortiz imputó a 9 personas (entre ellos dos expresidentes de la institu­ción) así como a otros siete funcionarios, además de librar órdenes de captura, situación que se utiliza como de último ratio.