Un juez dispuso que el exintendente esteño enfrente juicio oral. Tres exfuncionarios de la comuna señalados como cómplices admitieron su culpa y evitaron sentarse en el banquillo de los acusados.

El agente del Minis­terio Público Silvio Corbeta informó ayer que tres de los acusados en el caso Tajy aceptaron que los hechos de lesión de con­fianza ocurrieron tal como señala la Fiscalía, al comen­tar la decisión que adoptó el juez Humberto Otazú de ele­var a juicio oral y público la causa contra el exintendente esteño. El mismo acumula al menos 49 denuncias penales, también será enjuiciado en el caso Tía Chela, a partir del próximo 31 de agosto.

Corbeta confirmó a Universo 970/GEN que los exfuncio­narios Maggi Garinha, de la Unidad Operativa de Contra­taciones; Nelson Segovia, de tesorería; y Cirle Ramírez, encargada de órdenes de pago, fueron beneficiados con una salida alternativa al proceso penal: la suspensión condicio­nal del procedimiento, tras el reconocimiento de los actos que se les atribuye.

Según informa el sitio de noticias Radio Concierto, el juez Otazú sometió a un inte­rrogatorio a los acusados. El magistrado les recordó que “puedan beneficiarse con esta salida procesal, la pri­mera condición es que reco­nozcan los hechos que el Ministerio Público les acusa.

Según la publicación, Otazú procedió a realizar la pre­gunta concreta: “reconocen los hechos por los cuales la Fis­calía ha formulado acusación contra sus personas?”, pre­guntó el juez Humberto Otazú a los tres mencionados, a lo que todos respondieron que “sí”.

En base a ese reconocimiento se hace una medición de la eventual pena a ser aplicada y también de la complicidad. Si iban a juicio se exponían a una pena superior a los dos años, la cual, ya no se puede suspen­der. En eso radica la diferen­cia. Tras reconocer los hechos durante la audiencia prelimi­nar, el juez Otazú les concedió esta salida alternativa.

El destituido por corrupción está acusado por lesión de con­fianza, administración en pro­vecho propio y asociación cri­minal por hechos perpetrados en la Intendencia de Ciudad del Este en el 2020, durante la pandemia. La investiga­ción señala que en ese periodo Prieto simuló compras de alimentos y fue cabeza de la estructura como ordenador de gastos de la comuna. En ese sentido, autorizó el uso de fondos municipales para supuestamente pagar com­pras que no se hicieron (lesión de confianza).

Asimismo, habría direccio­nado la licitación en benefi­cio de una empresa vinculada a su pareja (administración en provecho propio) y habría liderado un grupo perma­nente de funcionarios muni­cipales y personas de afuera para facilitar estos actos de corrupción. El modus ope­randi eran las compras simu­ladas, es decir, empresa sin capacidad de provisión y mer­caderías fantasma.

El agente fiscal Silvio Corbeta puntualizó que en el caso Tajy que salpica al exintendente Miguel Prieto tiene todos los elementos para sostener la acusación con el exfuncionario y recalcó que ningún hecho punible fue excluido. “Estamos 100 % seguros de que demostraremos esta acusación, las pruebas son contundentes”, indicó a Universo 970 AM.

“Se mantuvo la acusación fiscal, se plantearon diversos incidentes, nulidad de la acusación, exclusión de calificaciones jurídicas, así como también se plantearon nulidades, entre otros incidentes, y todos fueron rechazados con los fundamen­tos también propios del juzgado y los fundamentos que fueron respondidos por el Ministerio Público en audiencia”, precisó además.

El representante de la Fiscalía recordó que los tres funcionarios del área administrativa que aceptaron los hechos que se le acusaban por parte del Ministerio Público “reconocieron que estas circunstancias ocurrieron conforme a la acusación fiscal y, en ese sentido, solicitaron la suspensión condicional del procedimiento, situación que fue también acogida favorablemente por el Juzgado Penal de Garantías, que resolvió de manera oral y que posteriormente mani­festó el juez que va a elevar su resolución por escrito”.

El fiscal lideró o coadyuvó en casos sonados que tuvieron condena: Patricia Samudio (Petropar), Joaquín Roa (SEN) y el senador Erico Galeano.

El fiscal Silvio Corbeta, quien impulsa la causa Tajy contra el exinten­dente de Ciudad del Este Miguel Prieto, cuenta con una trayectoria marcada por investigaciones de alto impacto que derivaron en imputaciones, condenas y procesos contra figuras de distintos sectores, inclui­dos referentes del Partido Colorado. Entre los casos más emblemáticos figura el de la expresidenta de Petro­par Patricia Samudio, con­denada por lesión de con­fianza y otros hechos de corrupción en la compra irregular de agua tónica durante la pandemia.

También encabezó la inves­tigación contra el exmi­nistro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joa­quín Roa, procesado por presunto lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y otros delitos vinculados a un supuesto esquema de enri­quecimiento ilícito. A ello se suma la causa contra el sena­dor colorado Erico Galeano, acusado por presuntos vín­culos con una estructura de lavado de dinero y crimen organizado.

Estos antecedentes mues­tran que Corbeta ha llevado adelante procesos relevan­tes que alcanzaron a dirigen­tes y exfuncionarios colora­dos, además de otras figuras políticas, desmarcando la idea de que sus investigacio­nes se circunscriben única­mente a la oposición.