El proceso investiga supuestos hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

El pedido para destrabar el caso Seprelad apunta direc­tamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene en sus manos la responsabilidad de destra­bar el proceso penal cono­cido formalmente como el de filtración de informa­ción de la Seprelad.

El expe­diente se encuentra en el gabinete del ministro de la Corte Manuel Ramírez Can­día (quien actúa como preo­pinante), acompañado por los ministros César Diesel y Gustavo Santander. Una vez que el magistrado emita su voto, los demás integrantes de la sala deberán hacer lo propio para destrabar for­malmente el cauce legal.

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Las defensas de los acusa­dos —entre los que figuran exministros y exfunciona­rios de la administración de Mario Abdo Benítez (como René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, entre otros)— han presentado diversos recursos y chicanas procesales. Estos recursos buscan frenar la resolución de un tribunal de apelación que ratificó la determinación de la jueza Cynthia Lovera de avanzar con el estudio de los incidentes y el pedido de jui­cio oral por más de 200 ele­mentos probatorios.

El proceso investiga supues­tos hechos punibles de aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

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