El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, destacó el cumplimiento de la Ley n.º 7524/25 de Financiamiento Político, que en su artículo 66 establece que cada partido, movimiento o alianza deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el balance de ingresos y gastos de campaña electoral.
La fecha tope para la presentación de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña por parte de cada candidato y movimiento vence este lunes 20 de julio.
“Nosotros ya terminamos esa tarea de recibir y de traspasar a la Justicia Electoral lo que nos corresponde. Ahora ya es todo lo que tiene que ver con el financiamiento político con miras a las elecciones municipales”, señaló a La Nación/Nación Media.
Aclaró que internamente no se realiza ningún análisis, sino que el procedimiento consiste en la recepción y remisión de las declaraciones a la Justicia Electoral.
El doctor Brizuela mencionó que la legislación prevé que los tribunales de conducta deben hacerse cargo de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, en cada partido.
Sin embargo, consideró “inaplicable” ese punto de la normativa. “Porque el Tribunal de Conducta no tiene funciones competentes ni coercitivas, porque no son organismos públicos. Si bien los partidos políticos están regidos en parte por el derecho público, no dejan de ser organismos privados. Es decir, ¿con qué fuerza un Tribunal de Conducta va a obligar a alguien a pagar la multa? No tiene esa potestad”, expresó.
Sobre el punto, el titular del TEP del Partido Colorado cuestionó que “la ley no es operativa”. “Eso debería trasladarse a la Justicia Electoral, en todo caso, para que, a través de la Fiscalía Electoral, se impulse la acción de cobro de multas”, refirió.
Aseguró que desde el Partido Colorado se realiza todo el trámite y se comunica, tal como estipula la ley. “Nosotros, inclusive, como Tribunal Electoral, después de las internas del 2022, tenemos ahora en la Secretaría Ejecutiva una lista de los movimientos que cumplieron con la Ley de Financiamiento Político y de quienes no cumplieron”, recordó.
Explicó que a los movimientos que incumplieron la ley se les impidió el reconocimiento de personería en esta ocasión. “Pero forman otro movimiento, cambian y ya está, porque la ley tampoco prevé esa inhabilitación”, manifestó.