La defensa del imputado recusó sin fundamentos a dos integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar las recusaciones promovidas por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y confirmó la competencia de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón para continuar interviniendo en el proceso penal que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del fallido proyecto metrobús.
La decisión fue adoptada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, quienes concluyeron que los planteamientos presentados por la defensa carecían de fundamentos legales suficientes para apartar a los integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos. Con esta resolución, el máximo tribunal despeja uno de los principales obstáculos que mantenían demorado el análisis de la causa en segunda instancia.
ARGUMENTOS SIN REQUISITOS
Las recusaciones fueron promovidas por el abogado Federico Huttemann, representante legal de Wiens, quien solicitó el apartamiento de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón. Según la resolución de la Corte, los argumentos expuestos no reunían los requisitos previstos por la legislación para justificar la separación de los magistrados del conocimiento del expediente.
Con esta estrategia procesal, la defensa buscaba dejar momentáneamente sin integración a la Cámara de Apelaciones encargada de estudiar el caso, lo que habría generado una postergación en la resolución de los recursos pendientes y, en consecuencia, un retraso en el avance del proceso penal.
SE FORMULA LA IMPUTACIÓN
La causa contra el exministro se inició el pasado 13 de febrero, cuando los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación en su contra por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, atribuyéndole responsabilidad en calidad de autor por supuestas irregularidades vinculadas al proyecto metrobús durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El requerimiento fiscal fue recibido por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Humberto Otazú el 4 de marzo. Sin embargo, cinco días después la defensa presentó una serie de incidentes procesales cuestionando la validez de la admisión de la imputación, recursos que quedaron pendientes de resolución.
Tras el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el expediente volverá a manos de la Cámara Especializada en Delitos Económicos, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y José Waldir Servín, quienes deberán pronunciarse sobre la legalidad de la admisión de la imputación y permitir que la investigación continúe conforme a las etapas previstas en el proceso penal.