El magistrado es criticado en los pasillos del Palacio de Justicia por firmar resoluciones presuntamente al margen de la ley.

Los ministros de la Corte Suprema de Jus­ticia deberán definir en la próxima sesión plena­ria de los miércoles si desig­nan como integrante del Tri­bunal de Apelación en lo Civil y Comercial (Segunda Sala de la capital) al cuestionado juez Édgar Rivas Laguardia. El magistrado es criticado en los pasillos del Palacio de Jus­ticia por firmar resoluciones presuntamente al margen de la ley.

La designación reviste espe­cial relevancia institucional, ya que el Tribunal de Apela­ción en lo Civil y Comercial resuelve en segunda instan­cia causas de alto impacto patrimonial y societario, entre ellas procesos concur­sales, ejecuciones y disputas sobre titulación de inmue­bles. Un eventual ascenso de Rivas Laguardia a ese cargo le otorgaría competencia para revisar, en instancias superiores, el mismo tipo de expedientes que hoy gene­ran cuestionamientos sobre su desempeño como juez de primera instancia.

Rivas Laguardia integra la terna para el citado cargo junto con el actual cama­rista Carlos Alfredo Escobar y la abogada Amy Beverluyn Lezcano Jara. El magistrado civil acumula severos cues­tionamientos por su trayec­toria y por firmar resolucio­nes judiciales que estarían al margen de la ley. Una de sus actuaciones más recientes y polémicas ocurrió en el juicio caratulado “Ypytã SA Indus­trial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedo­res”, donde, contrariando las normas y las leyes, tituló una propiedad cuya validez aún se discute en la Sala Constitu­cional de la Corte Suprema de Justicia.

Ese antecedente resulta par­ticularmente sensible por­que, mientras la Sala Consti­tucional no se expida sobre la legalidad de dicha titulación, cualquier ascenso del magis­trado sería interpretado por sectores del foro judicial como una señal de tolerancia institucional hacia decisiones cuestionadas, en momentos en que la ciudadanía reclama mayor transparencia en el Poder Judicial.

Asimismo, Rivas Laguar­dia ordenó en su momento el remate de la estancia Cielo Azul, perteneciente al capo narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Dicha propiedad ya se encontraba bajo la administración de la Senabico (Secretaría Nacio­nal de Bienes Incautados y Comisados) cuando el juez autorizó la subasta, una fla­grante irregularidad que solo se frenó cuando el caso tomó estado público.

El episodio del remate de Cielo Azul generó en su momento fuerte preocupa­ción entre operadores de jus­ticia, dado que la intervención de la Senabico responde a un régimen especial de admi­nistración de bienes vincu­lados al crimen organizado, precisamente para evitar que ese tipo de activos sea objeto de maniobras judiciales o de subastas irregulares mien­tras se define su situación legal definitiva.

En contraste, los otros dos integrantes de la terna no registran cuestionamientos de la misma magnitud. Car­los Alfredo Escobar ya se des­empeña actualmente como camarista, mientras que Amy Beverluyn Lezcano Jara llega en representación del ejerci­cio libre de la abogacía, perfil que en ocasiones anteriores ha sido valorado por la Corte como un aporte de renovación en la integración de los tribu­nales de alzada.

Ante estos antecedentes, los ministros de la máxima ins­tancia judicial están ante la presión de evaluar minucio­samente el historial de los candidatos antes de elegir al nuevo miembro del Tribu­nal de Apelación de la capi­tal. La decisión que adopten en la próxima sesión plena­ria será observada de cerca por gremios de abogados y organizaciones de la socie­dad civil que vienen recla­mando mayor rigurosidad en los procesos de selección de magistrados.