El juicio oral sigue el 9 de julio con la última parte de producción de pruebas de documentales.

Prosiguió el juicio oral y público para el exti­tular de la Seprelad, Óscar Boidanich, juzgado por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Darío Messer. En la audiencia oral desarro­llada el día de ayer en el Pala­cio de Justicia, se produjeron varias pruebas documentales del Ministerio Público que no tienen ninguna relación con el extitular de la Seprelad, lo que afianza la tesis de la defensa sobre la inexistencia del hecho punible acusado.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, defensor de Boi­danich, señaló: “Ningún ele­mento producido en el juicio oral hasta el momento vincula a mi representado con algún manejo irregular en el pre­sente caso”.

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PRÓXIMA AUDIENCIA

La audiencia oral proseguirá el 9 de julio a las 11:00 con la última parte de la exhibición de las pruebas documentales. Luego se ingresará a la etapa de alegatos finales, tanto del Ministerio Público como de la defensa. El Tribunal de Sen­tencia que juzga el caso está integrado por Darío Báez, Glo­ria Hermosa y Natalia Caca­velos.

Semanas atrás, altos funcio­narios de la Seprelad decla­raron y deslindaron toda res­ponsabilidad de Boidanich en las supuestas demoras del trámite del informe de inteli­gencia sobre Messer. Los tes­timonios evidenciaron que el proceso continuó su curso bajo la gestión de otras autoridades mientras Boidanich se encon­traba fuera de sus funciones por cuestiones de salud.

NO DIO INSTRUCCIONES

Crismilda Espinoza, una de las testigos principales, admi­tió ante el Tribunal que Boi­danich no le dio instruc­ción alguna sobre el caso. Asimismo, reconoció que al menos desde marzo de 2018 tenía pleno conocimiento de la existencia de un dictamen jurídico sobre el borrador del informe de inteligencia y que, durante su interinazgo como titular de la Seprelad, siguió el trámite de dicho documento.

Espinoza confirmó que ejer­ció la titularidad de la institución entre los meses de enero y febrero de 2018, y luego desde principios de marzo hasta el 15 de abril del mismo año. La defensa técnica enfatizó que no se le puede reclamar nin­guna responsabilidad a Boida­nich por los hechos ocurridos en esos lapsos, dado que no se encontraba ejerciendo el cargo.

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