La convocatoria, que se extendió desde el 15 hasta el 30 de junio de este año, atrajo a abogados, contadores y auditores del sector público y privado.

Ayer se cerró oficial­mente el período de inscripción para aquellos profesionales inte­resados en pugnar por los cargos de contralor general de la República y subcontra­lor para el periodo constitu­cional 2026-2031. Tras dos semanas de intensa actividad en la Secretaría General de la Cámara de Senadores, la lista de aspirantes cerró con un total de 43 profesionales anotados.

La convocatoria, que se exten­dió desde el 15 hasta el 30 de junio de este año, atrajo a abo­gados, contadores y auditores del sector público y privado. El dato político más relevante de la jornada de cierre fue la con­firmación de que las actuales cabezas del organismo decidie­ron presentarse para un nuevo mandato.

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El actual contralor, Camilo Benítez, y el subcontralor, Augusto José Félix Paiva, for­malizaron sus carpetas con el objetivo de extender su gestión por cinco años más. En ciertos sectores políticos de la oposi­ción hay cuestionamientos al actual contralor y subcontralor por lo que no se descarta que se analicen a otros postulantes.

DIPUTADO DEL PLRA

Llamó la atención la presen­tación como candidato del actual diputado del PLRA por el departamento de Paraguarí, Jorge Ávalos Mariño. Entre los 43 nombres que ahora quedan bajo la lupa parlamentaria figu­ran exmagistrados, asesores jurídicos de diversas carteras de Estado y reconocidos profesio­nales independientes. A partir de este momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta iniciará la etapa de evaluación de perfiles, veri­ficación de cumplimiento de requisitos documentales y las audiencias públicas.

El proceso se enmarca estric­tamente dentro de las exigen­cias de la Constitución Nacio­nal de la República. La Carta Magna establece un riguroso mecanismo de selección, dic­taminando que tanto el con­tralor como el subcontralor general deben ser elegidos por la Cámara de Diputados a par­tir de ternas selectas propues­tas por la Cámara de Senadores. Ambos funcionarios requieren de una mayoría calificada para su designación y gozan de esta­bilidad durante el periodo que duren sus mandatos, coinci­dente con el del Poder Ejecutivo.

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