La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.

Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un construc­tor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid -19.

Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposi­ción de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se con­firma tras dos años de conti­nuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus lea­les que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.

Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia por el covid -19 que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expa­reja que simularon compe­tencia en procesos licitato­rios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Floren­tín. Don Morínigo en la rea­lidad se dedicaba a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, pues­tos por el mismo en “cargos de confianza” clave, manio­braron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipu­lado en contrato.

El fraudulento proceso lici­tatorio fue ejecutado en con­nivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferen­tes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipa­lidad. (Ver infografía)

En la factura de compra apa­recen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de leva­dura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de man­teca, etc. Sin embargo, la Fis­calía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.

Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Fran­cisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Floren­tín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordina­dora de la UOC de la muni­cipalidad. Otros subordina­dos de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alca­ráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.