En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, por supuesta frustración de le ejecución y persecución penal por supuestamente no alertar operaciones del empresario Darío Messer declararon altos funcionarios de la Seprelad que deslindaron toda responsabilidad a Boidanich en las supuestas demoras en el trámite del informe de inteligencia en el caso del empresario Darío Messer.

Los testimonios de los altos funcionarios de la referida institución evidenciaron que el proceso continuó su curso bajo la gestión de otras autoridades mientras Boidanich se encontraba fuera de sus funciones por cuestiones de salud.

Crismilda Espinoza, una de las testigos principales, admitió ante el Tribunal que Boidanich no le dio instrucción alguna sobre el caso. Asimismo, reconoció que, al menos desde marzo de 2018, tenía pleno conocimiento de la existencia de un dictamen jurídico sobre el borrador del informe de inteligencia y que durante su interinazgo como titular de la Seprelad siguió el trámite de dicho documento. Reconoció que ejerció la titularidad de la institución citada entre los meses de enero y febrero de 2018, luego desde principios de marzo hasta el 15 de abril del citado año.

La defensa técnica enfatizó que no se le puede reclamar ninguna responsabilidad a Boidanich por los hechos ocurridos en esos lapsos, dado que no se encontraba ejerciendo el cargo.

Un punto llamativo de la jornada ocurrió cuando la testigo afirmó inicialmente, ante las preguntas del Tribunal de Sentencia y del Ministerio Público, haber interinado únicamente en enero y parte de febrero. Sin embargo, tras el pedido de la defensa para exhibir las resoluciones que ella misma firmó, la compareciente tuvo que rectificar e identificar que también se desempeñó como interina durante los meses de marzo y abril del 2018.

Con esto, la defensa demostró que Boidanich gozaba de permiso institucional y el borrador del informe financiero seguía su trámite con otras personas que no fueron investigadas por la Fiscalía.

Por otra parte, compareció Diego Marcet, quien fuera director jurídico durante la época de María Epifanía González, autor de un informe que determinó la apertura de un sumario administrativo debido, entre otros puntos, a la “supuesta demora” en el reporte de inteligencia. Al ser interrogado por el Tribunal de Sentencia sobre si existía alguna normativa que fijara un plazo para culminar este tipo de informes, el testigo fue incapaz de identificar o señalar plazo alguno, debilitando así el argumento central de la acusación.