La Cámara de Apelacio­nes rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien pidió que el juez de garantías Humberto Otazú sea apar­tado de la causa.

El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimo­nial de más de G. 306.188.500. Los jueces de segunda ins­tancia concluyeron en su argumentación que no exis­ten motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, el magistrado Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a jui­cio oral y público tal como establece la ley.

Además, el Tribunal de Alzada citó a Prieto para que acuda el 10 de junio próximo a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal.

El objetivo de la diligencia es analizar la aplicación de posibles sanciones por los supuestos recursos dilato­rios planteados durante el largo proceso. La ley esta­blece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situa­ciones graves o reiteradas.

En la causa Tajy, los fisca­les Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por pre­sunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licita­ciones públicas para bene­ficiar a empresas vincula­das, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al muni­cipio de Ciudad del Este mediante pagos por mer­caderías inexistentes.