La deuda asciende a unos G. 13 billones, de los cuales 6 billones de guaraníes no cuentan con respaldo financiero.

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) enfrenta una de las crisis financieras más deli­cadas de los últimos años y comenzó a delinear un plan de contingencia para evitar una mayor sangría de sus finanzas. En la tarde de ayer, el presidente de la previsio­nal, Dr. Isaías Fretes, enca­bezó una reunión con reco­nocidos referentes del ámbito económico y financiero, entre ellos Carlos Pereira, Julio Fernández, el asesor de Asun­tos Sociales y Económicos del Poder Ejecutivo, Juan José Galeano, entre otros con el objetivo de analizar alterna­tivas que permitan estabili­zar la institución.

Durante el encuentro se realizó una radiografía de la situación económica del IPS y se identificaron dos grandes focos de preocupación.

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Por un lado, el sistema de salud arrastra una deuda acumulada de aproxima­damente G. 13 billones (al cambio en dólares represen­tan USD 1.720 millones), de los cuales cerca de G. 6 billo­nes (USD 925 millones) no cuentan actualmente con respaldo financiero.

Asimismo, Fretes explicó que la deuda actual con proveedo­res, farmacéuticas, empresas tercerizadas y entidades ban­carias asciende a unos USD 1.238 millones.

Ante este escenario, los expertos coincidieron en la necesidad de aplicar crite­rios utilizados en grandes corporaciones para afrontar situaciones críticas, apelando a las denominadas “3R”: rees­tructuración, renegociación y refinanciación.

La intención es reorganizar las obligaciones financieras del IPS para generar oxígeno económico y garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Fretes explicó que el plan de trabajo recién inicia y que se prevé una nueva reunión la próxima semana para profundizar el análisis técnico y financiero. “Esta­mos construyendo una hoja de ruta seria y responsable.

El IPS necesita una rees­tructuración profunda para ordenar sus finanzas”, expresó el titular de la pre­visional.

IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES

Otro de los puntos abordados fue la existencia de numero­sos inmuebles pertenecien­tes al IPS con un impor­tante valor económico. Sin embargo, los técnicos acla­raron que gran parte de esos bienes forman parte del fondo jubilatorio, por lo que no pueden ser utilizados directamente para cubrir el déficit del sector salud sin una modificación legislativa previa.

Debería modificarse la ley que permita vender esos inmue­bles, que podrían represen­tar buenos ingresos para la entidad. Actualmente, la Auditoría General del Poder Ejecutivo está realizando un inventario de las más de mil propiedades que están a nombre del Instituto de Pre­visión Social. En ese sen­tido, Fretes sostuvo que será necesario trabajar coordi­nadamente con el Congreso Nacional para impulsar even­tuales cambios normativos que permitan administrar con mayor flexibilidad cier­tos activos de la previsional. Para ello buscarán mecanis­mos legales y financieros que permitan sanear la institu­ción sin poner en riesgo los fondos jubilatorios.

Investigan a extitular del IPS

Jorge Brítez y otros serán indagados por lesión de confianza.

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investiga­ción penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exge­rente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malver­sación de fondos.

Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia Gon­zález, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salo­món, serán los encargados de investigar a los denunciados.

Dos profesionales del dere­cho presentaron la denun­cia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supues­tas irregularidades en lici­taciones que habrían gene­rado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.

La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supues­tamente duplicados en servi­cios de higienización, fumiga­ción, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señala­dos figuran Jaime Caballero, Alicia Olazar y los miembros del Consejo de Administra­ción: Gustavo Alberto Gonzá­lez Maffiodo, Carlos Alberto Pereira Olmedo, José Emi­lio Argaña Contreras, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich y José Jara Rojas. La denuncia también alcanza a la direc­tora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.

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