Tras la recepción de los chats del narco brasileño Lindomar Reges Furtado, condenado a 37 años de cárcel, hoy los peritos que auditarán las conversaciones podrían jurar.

A las 7:00 de la mañana prosigue hoy el juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio acusado de cohecho pasivo agravado por recibir presun­tos favores del narcotrafi­cante brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marques de Padua, actualmente detenido en Brasil.

En la audiencia oral de este jueves se producirán pruebas documentales. Asimismo, no se descarta que presten jura­mento los peritos traducto­res encargados de traducir del portugués al castellano los mensajes extraídos del teléfono celular de Lindomar Reges Furtado, recientemente condenado en Brasil a 37 años de cárcel por narcotráfico.

El Tribunal de Sentencia a cargo del caso está integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Gar­cete. Este colegiado ya recibió la extracción de datos del telé­fono incautado en Brasil de Reges Furtado.

Dicha prueba fue solicitada por el Ministerio Público al inicio del juicio oral y público, y admitida por el tribunal. Con esto, la Fiscalía busca refor­zar su hipótesis acusatoria contra el exministro del Inte­rior. De confirmarse la exis­tencia de mensajes entre Lin­domar Reges Furtado, Marcus Vinicius y Arnaldo Giuzzio, el escenario legal podría agra­varse para el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez, ya que podría ser investigado formalmente por vínculos directos con el nar­cotráfico.

Hasta aquí, Giuzzio solo fue acusado e investigado por un delito menor, en comparación con el de complicidad con el narcotráfico. Pese a los pre­suntos nexos con Marcus Vini­cius y las fuertes sospechas que existen sobre ambos, el exse­cretario de Estado es juzgado por cohecho pasivo.

Según la investigación, desde julio de 2021 a febrero de 2022, el entonces ministro del Inte­rior mantuvo contacto y comu­nicación con el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (objetivo del operativo Turf y detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos).

Cuando Giuzzio mantenía un estrecho nexo con el brasileño, este hombre administraba y dirigía las empresas Black Eagle Grupo SA y Ombu SA, firmas dedicadas al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, alquiler de vehículos blinda­dos, venta de materiales de seguridad, entre otras activi­dades comerciales.

Los fiscales del caso sostienen que la intención de Vinicius era conservar este relacio­namiento directo, personal y cercano con Giuzzio para convertirse en proveedor del Estado, mediante la entrega de chalecos antibalas y vehí­culos blindados.

El Ministerio Público va afian­zando más su tesis sobre la acusación contra el exhombre de Mario Abdo Benítez aten­diendo a que ya declararon varios testigos en el presente juicio oral que aportaron varios elementos que comprueban el vínculo del acusado con Mar­cus Vinicius.