El gobierno de Abdo Benítez habría destinado aproximadamente USD 44 millones en pautas publicitarias distribuidas estratégicamente para sostener y amplificar una narrativa de ataque contra el líder de Honor Colorado y su grupo empresarial.

El esquema de perse­cución sistemática contra el expresi­dente Horacio Cartes durante la administración de Mario Abdo Benítez no solo habría sido una operación política, sino un despliegue financiero sin precedentes. Según datos que emergen del análisis de la gestión anterior, se estima que el Estado paraguayo habría destinado aproximadamente 44 millones de dólares en pau­tas publicitarias distribuidas estratégicamente para soste­ner y amplificar una narra­tiva de ataque contra el líder del movimiento Honor Colo­rado y su grupo empresarial así como en pago a activistas sociales y políticos.

El monto de 44 millones de dólares representa una cifra astronómica para el mercado publicitario local, pero su valor real no se midió en impactos comerciales, sino en daño reputacional. Bajo el ropaje de “comunicación institucional”, estos fondos habrían servido para aceitar una maquinaria mediática que funcionó como el brazo ejecutor de los intere­ses de ocupante del Palacio de López en ese periodo.

Mientras las empresas del Grupo Cartes eran blanco de informes de inteligencia filtra­dos y trabas administrativas, los medios aliados al abdismo recibían inyecciones millona­rias de dinero público.

El objetivo era claro: instalar en la opinión pública la per­cepción de criminalidad, uti­lizando el peso de la “oficia­lidad” que otorga el respaldo económico del Estado.

Lo más grave de este ope­rativo es que no se limitó al ámbito electoral. Al ata­car sistemáticamente a las empresas vinculadas al exmandatario, el gobierno de Abdo Benítez puso en riesgo miles de puestos de trabajo y la estabilidad de sectores clave de la economía nacional.

El uso de fondos públicos para financiar tapas y titula­res negativos, así como repor­tes audiovisuales en radio y televisión, buscaba erosio­nar la confianza de provee­dores, bancos internacio­nales y socios comerciales, intentando forzar un colapso financiero del grupo empre­sarial del rival político.

La pauta publicitaria, en algu­nos casos, actuó como el “pago” por la difusión de datos sensi­bles que, en teoría, debían estar resguardados por el secreto bancario y de inteligencia (SEPRELAD), pero que ter­minaban expuestos en por­tadas financiadas por el pro­pio Estado. El uso de más de 44 millones de dólares para una campaña de desprestigio marca un precedente peligroso en la democracia paraguaya. No se trató de una gestión de comunicación de gobierno, sino de la malversación de recursos de los contribuyen­tes para alimentar una vende­tta personal.

Cerca de USD 60 millones, provenientes de fondos de USAID (la disuelta agencia de cooperación internacional del Gobierno de Estados Unidos), habrían sido destinados para el pago de campañas de grupos de organismos no gubernamentales, todos ellos alineados dentro de la misma temática y directiva de los medios de comunicación quienes orquestaban los ataques, bajo el manto de las pautas publicitarias del Estado.

La “campaña sucia” no fue una estrategia de comunicación, sino un esquema de desvío de fondos públicos con el objetivo de anular a un adversario político, dejando una herida abierta en la institucionalidad y en el uso transparente del dinero de todos los paraguayos.