Los mismos que antes callaban durante el gobierno de Mario Abdo Benítez ahora critican la austeridad de USD 1,5 millones.

Mario Abdo Benítez, por año, destinó alrededor de USD 11 millones a los medios ali­neados a su gobierno, donde no había críticas, una enorme cantidad de recursos públi­cos canalizados desde la Enti­dad Binacional Itaipú. Los mismos medios que antes callaban hoy critican la aus­teridad de USD 1,5 millones.

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), entre los años 2019 y 2022, esa cifra acumuló unos USD 44 millones, todos dirigi­dos a los medios alineados al gobierno de Abdo, haciendo vista gorda de las falencias en su administración. Esto reveló un esquema sostenido, voluminoso y funcional a una narrativa oficial que no gene­raba mayor resistencia en esos mismos sectores que eran los más beneficiados durante el periodo gubernamental.

Los medios de comunica­ción más “favorecidos” con los jugosos recursos estata­les fueron principalmente el Grupo Zuccolillo (Abc Color) y el Grupo Vierci (Telefuturo, Monumental, etc.), que eran bastante afines al anterior gobierno.

Tras asumir las nuevas auto­ridades en el año 2023, tam­bién se realizó un cambio de gestión de estos recursos en el área comunicacional y esto, además, tuvo consecuencias en los medios que dejaron de percibir millonarios montos del Estado. El asesor comuni­cacional de la Itaipú Binacio­nal, José Rodríguez Tornaco, señaló que existe una postura orquestada por los medios, y también la oposición para “pegar” a la binacional.

“Uno tiene que entender que la operación mediática, pero no podemos evitar salir a contar la narrativa oficia­lista”, había manifestado en su momento Tornaco en comunicación con radio Uni­verso 970 AM/Nación Media. Esto, teniendo en cuenta que la entidad adoptó una política de austeridad en relación con la utilización de estos recur­sos destinados a los medios de comunicación.

Actualmente, estos recur­sos no alcanzan ni un ter­cio de lo que se invertía en el gobierno anterior, lo que también emerge una insis­tente crítica desde los medios de comunicación, que en su momento fueron parte del circuito de financiamiento. En este periodo la inversión apunta a USD 1,5 millones de en concepto de campaña comunicacional, incluyendo estrategias contemporáneas como el uso de influencers.

Esta medida surge del pro­pio presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, afir­mando que la comunicación es esencial para dar a conocer los programas y las acciones del Gobierno, desde todos los ámbitos y las áreas en los cua­les se trabaja.

Esta decisión del actual Gobierno deja entrever que la discusión no se centra en los gastos, sino más bien en los que ejecutan el gasto público y en cómo se distribuye, y esto se puede observar cuando los medios recibían un impor­tante caudal de recursos del Estado, del gobierno de Abdo, el silencio de los mismos era imperante.

Mientras tanto, con la dismi­nución de estos, y la diversifi­cación de los canales de comu­nicación, las objeciones se multiplican. Entre los USD 11 millones del gobierno de Abdo y los USD 1,5 millones la bre­cha es bastante grande, lo que representa un ajuste de cintu­rón importante, y esto denota una crítica interesada de cier­tos medios de comunicación.

La viceministra de Comunica­ción del Mitic, Alejandra Duarte, rechazó las publicaciones que intentan vincular al Gobierno con el activista Juan Villaverde Emate­gui, señalado de supuestas campa­ñas de ataques contra periodistas y opositores. Calificó dichas versio­nes como una “campaña orques­tada” y afirmó que el dirigente es un militante colorado sin cargos en el Estado ni relación con la adminis­tración de Santiago Peña.

“Hay un relato donde tratan de instalar vínculos que no existen, eso es una campaña orquestada”, dijo Duarte, quien explicó que Villaverde pertenece al sector pri­vado y que su presencia en actos políticos o fotografías con autoridades no implica nexos oficiales. Además, aseguró que el Gobierno ya realizó denuncias ante plataformas digitales por el uso indebido de redes y campañas consideradas “sucias”.