El Ministerio Público acusó por lavado de dinero a los directivos del banco Atlas y solicitó que el proceso se eleve a juicio oral.

En la extensa acusa­ción del Ministe­rio Público contra Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos, se describe la forma en que la entidad bancaria habría mentido a la Superintendencia de Bancos sobre el origen de los fondos de los Certifica­dos de Depósito de Ahorro (CDA). Estos instrumentos integraban el patrimonio autónomo de los contratos de fideicomiso de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.

La Fiscalía menciona que Jorge Vera Trinidad, direc­tor del banco Atlas, informó –primero en 2016 a la Super­intendencia de Bancos y luego en 2021 al Ministe­rio Público– que el origen de los fondos de los CDA era anterior a la constitución de los fideicomisos. Además, Vera Trinidad expuso en una nota dirigida a la Fis­calía que, al momento de la recepción de dichos fon­dos, ya se había efectuado la debida diligencia, conclu­yendo que los movimientos de Nicolás Leoz eran acor­des a su perfil económico.

Agregó que el dinero pro­venía de montos históri­camente depositados en el banco y que poseía un ori­gen conocido, lícito, traza­ble y ajustado a su perfil. Sin embargo, estas afirmacio­nes resultaron ser falsas.

Según la acusación fiscal, el banco Atlas SA no cues­tionó en ningún momento el depósito en efectivo de USD 400.000 para la aper­tura de una cuenta a nom­bre de Nicolás Leoz y/o María Clemencia Pérez, ni el depósito, también en efectivo, de USD 100.000 para la constitución de un CDA (ambas operaciones realizadas en 2011).

Tampoco se cuestionó el depósito en efectivo de USD 5.114.400 entre enero y mayo de 2013, ni se efec­tuaron averiguaciones sobre el origen de los G. 3.010.500.000 utilizados para constituir el CDA AA 9387 en 2014. Asimismo, la Fiscalía sostiene que el banco Atlas SA, a través de su director jurídico y demás directores del área de fidei­comisos, mintió a su super­visor en materia de preven­ción de lavado de dinero y financiamiento del terro­rismo (SIB) y al Ministerio Público en medio de inves­tigaciones judiciales.

El Ministerio Público refiere que el banco, en lugar de reportar que Leoz tenía en 2013 un límite operativo autorizado de solo G. 380.000.000 men­suales –cifra que no jus­tificaba depósitos de USD 2.000.000 en febrero o de USD 1.950.000 en marzo–, optó por la falsificación documental.

En 2016, junto con el oficial de cumplimiento José Páez y el analista Gustavo Vera, fir­maron un documento deno­minado Análisis del Perfil Asignado, consignando una fecha falsa de elaboración: 16 de marzo de 2013.

Con esto, pretendieron esta­blecer que en marzo de 2013 ya se habían realizado acti­vidades de debida diligencia ante las alertas por depó­sitos masivos de dólares en efectivo. No obstante, en dicho documento no solo se invocan papeles fecha­dos recién en 2015, sino que el propio analista Gus­tavo Vera declaró ante la Fiscalía que el documento fue firmado en realidad en 2016, alegando no recordar el motivo de tal acción. El documento fue utilizado deliberadamente para enga­ñar tanto al supervisor ban­cario como al Ministerio Público durante las inves­tigaciones por lavado de dinero.