• Dr. José Duarte Penayo
• Filósofo. Presidente de la ANEAES

Cuando Corea del Sur empezó su transformación en los años sesenta, tenía indicadores de pobreza comparables a los de los países más pobres de África. Hoy es la duodécima economía del mundo.

No lo logró por sus recursos naturales, que son escasos, sino porque cada gobierno, sin importar su color político, sostuvo una misma decisión durante décadas: hacer de la educación superior el motor de su desarrollo.

Singapur hizo algo parecido sin tener siquiera un gran territorio. Australia acaba de lanzar un acuerdo nacional universitario con la meta de que el 80 % de su población activa tenga formación terciaria para 2050. En todos estos casos la clave fue idéntica: un plan de calidad con metas cuantificables, sostenido más allá de los ciclos electorales, que hizo de la universidad columna vertebral del proyecto nacional.

Paraguay tiene energía abundante, tierras fértiles, población joven y una posición geográfica importante en el Cono Sur. Lo que no tiene son instrumentos estratégicos que conviertan esas ventajas en capacidades humanas.

No debemos perder de vista que, sin capacidades humanas, las ventajas naturales se exportan como materia prima barata. Repito, es ese nuestro problema de fondo. Requerimos la voluntad política de organizar un sistema coherente de calidad que parta de la evidencia, transparente sus procesos y tenga un norte claro.

El Estado ya cuenta con una institución que ha construido, en más de veinte años de trabajo, las bases técnicas y la legitimidad internacional para vertebrar ese sistema. La ANEAES, además de evaluar y acreditar, ha desarrollado un modelo de evaluación por fases que representa una innovación conceptual seria en el contexto latinoamericano. En lugar de medir con la misma vara a instituciones que parten de puntos muy distintos, establece exigencias progresivas donde cada fase prepara la siguiente.

La evaluación formativa que incorporó recientemente completa esa filosofía: acompañar en vez de sancionar, construir capacidades en vez de emitir juicios definitivos. Su membresía activa en RANA, RIACES, SIACES e INQAAHE, y la validación internacional obtenida ante el SIACES en 2024 confirman una institución con solvencia técnica reconocida fuera de nuestras fronteras.

Esa fortaleza institucional necesita ahora un marco estratégico nacional. Un “Plan Nacional de Educación Superior” que resuelva la fragmentación que hoy hace del sistema de educación superior un verdadero laberinto.

Una institución que quiere cumplir con la ley debe navegar entre el CONES para la habilitación, la ANEAES para la acreditación, el MEC para el registro de títulos y el CONACYT para la investigación, sin que estos organismos compartan parámetros, bases de datos ni coordinen calendarios.

Es urgente un modelo de gobernanza donde la información fluya de principio a fin, donde se unifiquen los procesos de habilitación y acreditación de carreras e instituciones, los planes de mejora se conecten con las líneas de financiamiento y un portal público permita saber no solo que carreras están acreditadas y cuál es la empleabilidad real de sus egresados.

Respecto a lo último, la ANEAES ya avanza en consolidar dichos datos, aunque dicha trazabilidad debe hacerse extensiva a todo el sistema en cuestión.

Pero la coherencia institucional no alcanza si la oferta académica sigue desconectada del país real. Paraguay forma abogados y administradores en exceso, mientras carece de ingenieros, biotecnólogos y especialistas en tecnologías de la información.

La pertinencia tiene que medirse con datos concretos y criterios geográficos: por ejemplo, Itapúa necesita agroindustria, el Chaco gestión ambiental, Alto Paraná logística. Antes de 2028, el país debería contar con un mapa nacional de competencias que cruce la oferta académica con las necesidades productivas departamento por departamento.

Cuando esa información esté organizada con más evidencia, las familias podrán tomar mejores decisiones, las instituciones tendrán incentivos reales para mejorar y el Estado podrá asignar recursos con criterio estratégico.

La formación docente es otro desafío ineludible. La inteligencia artificial generativa ha cambiado las reglas de lo que significa enseñar y evaluar en educación superior. Un profesor que no sabe integrar estas herramientas está formando profesionales para un mundo que ya dejó de existir.

Con menos del 0,15 % del PIB invertido en investigación y desarrollo, Paraguay no puede esperar que sus universidades diversifiquen la economía si no crea incentivos que movilicen también inversión privada hacia la investigación aplicada. BECAL ha formado más de 3.700 profesionales de alto nivel en las mejores universidades del planeta, lo que les falta, entonces, son condiciones institucionales para desarrollar su potencial aquí.

Todo esto debe converger en metas medibles y por las cuales alguien rinda cuentas. Para 2028: un mapa de competencias operativo, un sistema integrado de información y un cuerpo docente en proceso de certificación digital. Para 2035: 25 % de graduados en áreas STEM, inversión en I+D al 0,5 % del PIB y 70 % de las carreras del interior en proceso de acreditación.

Para 2050: centros de excelencia reconocidos regionalmente, brecha territorial de calidad reducida a la mitad y multiplicación de proyectos de investigación universitarios que contribuyan a la diversificación productiva. Aunque parezcan cifras ambiciosas, son el derrotero que la experiencia internacional señala para una efectiva expansión de la educación superior en clave de desarrollo nacional.

Nuestro país tiene hoy una confluencia inédita, un plan nacional de desarrollo con horizonte a 2050, una agencia de acreditación con modelo innovador y reconocimiento internacional, un programa de becas consolidado y un sector productivo que reclama capital humano calificado.

Falta el instrumento que integre todo esto en una hoja de ruta de Estado, con la ANEAES y su filosofía de mejora continua como eje vertebrador del sistema. Son objetivos alcanzables en veinticinco años como políticas de Estado sostenidas, que trasciendan los ciclos electorales e impacten en las próximas generaciones.