Las chicanas infundadas del presidente del banco Atlas para no someterse a la Justicia podrían ser objeto de análisis por parte del juez.

Ante la actitud obs­truccionista al debido proceso, manifestada en las reitera­das “chicanas” presentadas por Miguel Ángel Zaldívar –presidente del banco Atlas– y los demás imputados por lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol), el juez de la causa podría evaluar la aplicación de otras medi­das establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas, destaca la posibilidad de decretar la prisión preventiva de los imputados que, hasta el momento, no se han sometido a la Justicia y han recurrido a incidentes meramente dilato­rios para entorpecer el avance del proceso penal.

Como precedente cercano, cabe mencionar que sema­nas atrás el juez de Garan­tías Miguel Palacios revocó el arresto domiciliario de Rei­naldo Javier “Cucho” Cabaña y ordenó su prisión, junto con la de otros procesados, para poder realizar la audiencia preliminar. Esto se debió a que las defensas de los impu­tados se turnaban para dila­tar el caso; sin embargo, una vez que Cabaña y el exdipu­tado Ulises Quintana fueron remitidos a prisión, la dili­gencia judicial pudo desa­rrollarse sin inconvenientes. Este escenario podría ser­vir de ejemplo para someter al proceso a Zaldívar y a los demás coimputados.

Dadas las constantes presen­taciones de la defensa de Zal­dívar y otros, el magistrado podría considerar tanto el peligro de fuga como la obs­trucción a la investigación para decretar la prisión pre­ventiva de cada imputado en el caso Atlas-Conmebol.

El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi –imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar y otros–, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Deli­tos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

Con esta recusación, cali­ficada como infundada, la defensa buscaría frustrar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú. Al tratarse de un recurso con el solo efecto de dilatar el proceso, la máxima instancia judicial podría apli­car sanciones disciplinarias tanto al abogado Kronawe­tter como al propio impu­tado, considerando que estas maniobras entorpecen deli­beradamente la causa penal.

Por su parte, la defensa de Zaldívar presentó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de dejar sin efecto la resolución que confirmó la admisión de la imputación. Este recurso es considerado una “chicana”, debido a que no pone fin al proceso, razón por la cual los integrantes de la máxima instancia judicial deberían rechazarlo de plano.