El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el pro­yecto de ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificacio­nes, cualquiera sea su deno­minación, para los funcio­narios públicos que ocupan cargos de conducción polí­tica”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titu­lar del Congreso, senador Basi­lio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos. El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de elimi­nar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron plan­teando algunas modificacio­nes. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestiona­mientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente, se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recur­sos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencio­naron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redirec­cionar, mencionaron ante el pleno un estimado que ronda­ría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Nata­licio Chase mencionó que se suprimirán estas bonifi­caciones, durante el ejerci­cio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de con­ducción política que serían legisladores, presidente de la República, vicepresi­dente, ministros, magistra­dos de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades des­centralizadas.