La ministra del MOPC, Claudia Centurión, explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje.

El Gobierno y el sec­tor de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medi­das acordadas y avanzar en soluciones concretas.

En comunicación con Uni­verso 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principa­les instrumentos utilizados es la cesión de deuda, cono­cida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a tra­vés de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.

En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evi­tar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Esta­mos trabajando con los gre­mios para avanzar en solucio­nes que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó. No obstante, Centurión recono­ció que el principal condicio­nante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda apro­ximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromi­sos acumulados.

“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.

Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la apro­bación del sistema de facto­raje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liqui­dez inmediata.

La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el Gobierno.

El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los meca­nismos propuestos.