La complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez con la estructura de Sebastián Marset está plenamente confirmada y documentada. Ahora queda saber el trasfondo deliberación de los puertos para la narco exportación, los informes de pistas de arribo de cocaína, establecimientos, depósitos utilizados en la logística del ilícito cajoneados desde 2020.

Los archivos de inteli­gencia son contunden­tes sobre el proceso investigativo que detonó en el sonado operativo antinarco, A Ultranza Py. Los documen­tos confirman cronológica­mente la abierta complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez en la logística narco sin precedentes en la histo­ria del Paraguay, desarrollada por estructura del uruguayo, hoy preso en Estados Unidos, Sebastián Marset.

El gobierno de Abdo, a tra­vés de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) con Arnaldo Giuzzio a la cabeza facilitaron el arribo, la con­solidación de Marset y grupos criminales aliados a su estruc­tura. El siguiente capítulo es conocer el trasfondo de estas concesiones que tuvo el uru­guayo para operar libremente en el territorio nacional.

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Alerta sobre organización criminal en puertos era clara, pero Giuzzio cerró oficinas y retiró agentes de inteligencia.

La cronología de los hechos replicada en el mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, señala que el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía identificada a la estruc­tura Marset en el 2018, sus pri­meros movimientos en el pro­ceso de radicación y en el 2020 ya contaba con toda confirma­ción de la ruta de Marset.

Las informaciones de inteli­gencia reportadas en el marco de los operativos ARAI I y II fueron claves en los análisis de SIU. Precisamente estos informes fueron realizados por la Dirección de Investiga­ción Área Fluvial y Terrestre (DIAFT), alertando en el 2018 sobre la estructura que ingre­saba al país y la respuesta que recibieron fue el cierre de sus oficinas en los puertos y el retiro de las bases por reso­lución de Giuzzio.

Tenían ubicados hasta los depósitos en cercanías de los puertos, pero dilataron reportes para operativos

La Senad y por ende el Gobierno sabía de la orga­nización criminal, pero los radicó, otorgó documenta­ción a Marset, su familia y además le allanó el camino para su negocio narco.

Agentes de SIU en proceso de reconocimiento se paseaban en el 2020 por pistas clandestinas identificadas ya desde el 2028 con ARA I y II. Videos, fotogra­fías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura, esta­ban confirmados en el 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y por ende los ope­rativos de desmantelamiento de la organización Marset.

Las investigaciones sufrie­ron también varias filtracio­nes y recién el 21 de febrero de 2022, conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía. Con este reporte el Ministerio Público madrugó y activó un megaoperativo con 100 alla­namientos en simultáneo en menos de 24 horas.

En el 2020, agentes de Senad recorrían pistas clandestinas de estructura Marset en el Chaco, pero recién en 2022 remitieron informe a la Fiscalía