La defensa de la matriz del fútbol sostiene que las acciones presentadas solo buscan dilatar el proceso.

El abogado Claudio Lovera, represen­tante legal de la Con­mebol, pidió al juez penal Humberto Otazú rechazar las chicanas presentadas por los imputados Miguel Ángel Zaldívar y directivos.

Los mismos están proce­sados por lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la matriz del fútbol sudamericano con­tra la entidad bancaria que avaló operaciones irregu­lares en tiempos de Nico­lás Leoz.

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La presentación hecha por cada imputado es al solo efecto de evitar someterse a la Justicia, evidenciando la actitud dilatoria de los abogados defensores por lo que no se descarta que se aplique sanciones, tanto para los imputados como para sus abogados.

Los abogados de los imputa­dos presentaron un recurso extraordinario de casa­ción ante la sala penal de la Corte Suprema donde bus­can dejar sin efecto la reso­lución de segunda instancia que ratificó la legalidad de la imputación contra Miguel Zaldívar y otros.

En la causa también se encuentran imputadas Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, José Miguel Páez Corvalán, entre otros.

Si bien la Corte Suprema siempre rechazó la casa­ción ante este tipo de pre­sentación porque no pone fin al proceso, la defensa de los imputados recurrió a la máxima instancia judicial, por lo que se podría consi­derar ejercicio abusivo del derecho y se podría aplicar sanciones.

ANTECEDENTES DEL CASO

De acuerdo con el acta de imputación, en tiempos que Leoz era máximo dirigente continental realizó en 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones.

En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencio­nan publicaciones periodís­ticas, documentos de agen­cias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre pro­cedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.