El presidente del banco Atlas, imputado por lavado de dinero, volvió a cuestionar la determinación del juez Humberto Otazú.

El proceso judicial vin­culado a un presunto esquema de lavado de dinero que salpica a figuras ligadas al entorno financiero y a operaciones relacionadas con la Conmebol arrastra desde hace meses una serie de maniobras dilatorias que han impedido avances sus­tanciales en la causa. Desde la imputación inicial del Minis­terio Público, los acusados han recurrido sistemática­mente a recursos legales con el objetivo de frenar el curso normal del proceso.

En ese contexto, el presi­dente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero, volvió a cuestionar la determinación del juez Humberto Otazú, quien fijó para el próximo 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cau­telares. La causa, que inves­tiga movimientos financieros sospechosos y posibles cone­xiones con estructuras uti­lizadas históricamente para canalizar fondos irregulares en el fútbol sudamericano, ha generado alta expectativa pública por la relevancia de los involucrados.

Sin embargo, lejos de avan­zar hacia el esclarecimiento de los hechos, la defensa de los imputados insiste en una estrategia que ya se volvió recurrente: la judicialización paralela mediante recursos que buscan dilatar los plazos. En la misma línea de Zaldívar, los procesados Eleno Martí­nez, José Páez, Celio Thun­nuli y Jorge Vera presentaron incidentes y recursos con el claro objetivo de suspender la audiencia prevista.

El argumento central de estas presentaciones es la existen­cia de un recurso extraordi­nario de casación pendiente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de un Tribunal de Apelación que confirmó la validez de la imputación. No obstante, especialistas coinciden en que este tipo de recursos no debería fre­nar etapas claves del pro­ceso, como la imposición de medidas cautelares, lo que refuerza la percepción de una estrategia dilatoria.

Este “carnaval de chicanas”, como ya es calificado en ámbi­tos judiciales, no hace más que profundizar esta prác­tica reiterada.