Abdo contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deu­das con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y far­macéuticas corresponden a su administración. Así, vol­vió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la cre­dibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Para­guay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emer­gencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irre­gularidades en la ejecución de esos fondos. Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denun­ciaban compras fallidas de insumos médicos, irregula­ridades en procesos licitato­rios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapa­bocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, par­ticularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kiló­metros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Crea­tec SAE, tuvieron una acu­mulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su mani­festación patrimonial ante la Contraloría. Informes publi­cados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para bene­ficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproxima­damente USD 600 millo­nes con proveedores del Estado, incluyendo farma­céuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente trans­parentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reor­denar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deu­das adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incre­mento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados pro­porcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Bení­tez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situa­ción del país, los datos de su ges­tión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tie­nen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.