La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior.

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La acusación formu­lada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotrafi­cante uruguayo Sebastián Marset extendió sus ope­raciones en Paraguay en el periodo de tiempo que coincidía con el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2019). El documento presentado por autorida­des norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Mar­set habría iniciado su acti­vidad ilícita en Paraguay y la región por lo menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte de 2021, inclusive.

La franja de tiempo men­cionada en la acusación fis­cal coincide con el periodo en que Mario Abdo Bení­tez ocupó la Presidencia de la República (2018-2023). A su vez, coincido con el período en que Arnaldo Giuzzio se desempeñaba como titular de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho organismo, el exfiscal de Delitos Económicos fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del cír­culo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vini­cius Espíndola, quien, de hecho, también posee vín­culos muy cercanos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Bra­sil y con quien tuvo con­tactos para tratar de acce­der a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Para­guay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo rela­cionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territo­rio europeo desde nuestro país. Tan solo en 2021 fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del Viejo Continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, quien en 2020 firmó una reso­lución que desmanteló la Dirección de Investi­gación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizacio­nes directas en los puer­tos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especia­les de las terminales por­tuarias privadas, lo que dejó los puertos de nues­tro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de expor­tación de droga.

La audiencia que estaba prevista para ayer 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se rea­lizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comuni­cación con el defendido. De acuerdo con informes periodís­ticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Vir­ginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y lle­vado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organiza­ción, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Para­guay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requi­sitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogra­mada para este 25.