El tratamiento del proyecto se inició en la Cámara Baja durante el receso parlamentario, en medio de un intenso debate político y técnico.
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó ayer la ley de reforma de la Caja Fiscal, tras su sanción con modificaciones en la Cámara de Diputados, marcando un punto de inflexión en el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público. La nueva normativa establece el marco general para el funcionamiento del sistema previsional estatal, con el objetivo de ordenar las finanzas, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y corregir distorsiones acumuladas durante años. El tratamiento del proyecto se inició en la Cámara Baja durante el receso parlamentario, en medio de un intenso debate político y técnico que evidenció tanto la urgencia de los cambios como las resistencias de distintos sectores.
UN SISTEMA BAJO PRESIÓN
La reforma se da en un escenario de creciente presión sobre la Caja Fiscal, que agrupa a funcionarios públicos, docentes, militares y policías. En los últimos años, el sistema mostró un deterioro progresivo en su equilibrio financiero, con un aumento sostenido del déficit, impulsado por el envejecimiento de la población beneficiaria y la relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y jubilados.
A esto se suman regímenes especiales con condiciones más beneficiosas que el promedio, lo que generó inequidades internas y una carga adicional para el Tesoro. Informes técnicos del Ministerio de Economía venían advirtiendo que, de no introducirse cambios estructurales, el sistema podría volverse insostenible en el mediano plazo.
ANTECEDENTES Y DEBATE POLÍTICO
El impulso a la reforma no es nuevo. Administraciones anteriores ya habían planteado la necesidad de revisar el modelo previsional, pero los intentos chocaron con la falta de consenso político y la oposición de gremios y sectores afectados.