La pena podría reducirse a 30 años si el capo narco decide colaborar con la Justicia del país norteamericano.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Dis­trito Este de Virginia acusó formalmente al uru­guayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, al que con­sidera responsable de liderar una red transnacional dedi­cada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dóla­res provenientes del narco­tráfico. En el sistema judicial federal estadounidense, la pena base puede llegar fácil­mente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad con­dicional si se prueban esos agravantes.

No obstante, la pena podría reducirse a 30 años si el capo narco capturado en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, el pasado 13 de marzo, decide colaborar con la Justicia del país norteamericano.

El uruguayo de 34 años de edad está acusado formal­mente en los Estados Uni­dos de dos delitos principa­les: conspiración para tráfico internacional de cocaína y conspiración para lavado de dinero.

De acuerdo al comunicado emitido por la Adminis­tración de Control de Dro­gas (DEA), Marset lideraba una organización que coor­dinaba el envío de toneladas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia mercados europeos, generando dece­nas de millones de dólares en ganancias ilícitas que fueron blanqueadas a través de ban­cos e instituciones financieras estadounidenses.

Según la publicación reali­zada por el diario LAR sobre el sistema judicial federal de los Estados Unidos, ambos hechos punibles derivan en penas extremadamente seve­ras. Las directrices federales para la imposición de penas (Federal Sentencing Guide­lines) establecen rangos de sentencia basados en el volu­men de droga involucrado, el rol del acusado en la organiza­ción, los antecedentes pena­les y la presencia de agravan­tes como liderazgo criminal, uso de violencia o corrupción transnacional, para conspira­ciones de tráfico de cocaína con cantidades superiores a 150 kilogramos.

Sin embargo, Marset es sindi­cado de haber transportado toneladas de droga en múlti­ples envíos, razón por la cual la pena base puede llegar fácil­mente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad con­dicional si se prueban esos agravantes.

Precedentes de narcos sud­americanos procesados en distritos federales como Vir­ginia, Florida o Texas mues­tran sentencias de vida en pri­sión, más décadas adicionales cuando se demuestra que el acusado era el líder principal de una red internacional.

En el caso específico del lavado de dinero, el máximo por cada conteo individual es de 20 años de prisión, pero, en conspiracio­nes amplias como esta, los cargos se acumulan y se combinan con los de narcotráfico. Un ejemplo claro es el caso de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, conocido como Capitán y socio clave de Marset en la misma organización.

Fue sentenciado en julio de 2025 en el Distrito Este de Virginia a 15 años por lavado de activos vinculados a esa red. Como Mar­set ocupaba el rol de líder principal y broker global coordinando con el clan Insfrán paraguayo, el PCC brasileño y la ‘Ndrangheta italiana, los analistas estiman que su condena podría superar ampliamente esa cifra, llegando a 30, 40 o más años, o incluso a cadena perpetua si la fiscalía demuestra la magnitud total de la operación y rechaza cualquier acuerdo de colaboración.

Señala también que varios factores podrían influir en la senten­cia final, siendo el más importante la cooperación con la Justicia de Estados Unidos. En casos federales de narcotráfico es habi­tual Negociar un “plea deal” (acuerdo de culpabilidad) a cambio de información valiosa sobre rutas, socios o bienes incautados. Si Marset decide colaborar y entrega datos sustanciales que per­mitan desmantelar partes restantes de su organización o impedir envíos futuros, podría reducir significativamente la pena, quizás a un rango de 20 a 40 años.

Agrega que, teniendo en cuenta su perfil como uno de los narcos más buscados en

Latinoamérica que demandó el ofrecimiento de una recompensa por USD 2 millones, es poco probable que obtenga libertad bajo fianza mientras aguarda su juicio.

La uruguaya permanece recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada.

El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, refi­rió que Gianina García Tro­che ya fue informada ofi­cialmente de la captura de su pareja Sebastián Marset, que se produjo en Bolivia, el viernes 13 de marzo, y que ya se encuentra bajo el res­guardo de la DEA en Estados Unidos. La uruguaya perma­nece recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres del Centro Peniten­ciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Embos­cada. “No tengo detalles de

cómo reaccionó, sí me infor­maron que ya se le dio conoci­miento a través de sus aboga­dos y no tengo más detalles”, comentó el viceministro, en conversación con la 1020 AM. Indicó que la mujer tuvo una reacción emocional debido a las condiciones de aisla­miento en que se encuentra en este momento.

“Al inicio sí, obviamente res­intió el cambio del contexto de encierro porque estaba en otras condiciones en Viñas Cue. Aquí pasa bajo un régimen cerrado especial, en celdas individua­les, que no tiene ninguna posi­bilidad de tener algún elec­trodoméstico, con una rutina rigurosa y eso sí impactó ini­cialmente en ella por los infor­mes que nos dieron del sector de sanidad”, dijo el viceministro.

Señaló que no se registra­ron episodios de violencia por parte de la mujer tras ser informada sobre la situación de su esposo. “Más allá de una reacción emocional de parte de ella, no me reportaron nin­guna acción violenta de ella hacia algún agente peniten­ciario”, puntualizó.