El Ministerio Público citó al exministro abdista para este lunes para realizar su descargo, pero escrito mediante indicó que no comparecerá.

La defensa del exminis­tro Arnoldo Wiens, imputado por lesión de confianza debido a la destruc­ción irregular de paradas de buses en la obra del metrobús, se negó a prestar declaración indagatoria ante los fiscales que investigan el proceso penal. El Ministerio Público había citado para ayer lunes al exministro abdista para que realizara su descargo sobre el hecho imputado.

Los abogados Enrique Kro­nawetter y Federico Hutte­mann, mediante un escrito, informaron sobre la supuesta imposibilidad jurídica y material de que su represen­tado declare ante la Fiscalía. Argumentan que existe una cuestión pendiente de reso­lución en la Corte, donde se presentó una acción de inconstitucionalidad contra una determinación sobre el llamado a indagatoria regis­trado el año pasado.

En otras palabras, la defensa del imputado Wiens utiliza su propio recurso legal –cali­ficado por algunos sectores como “chicana”– para sus­pender la declaración con­vocada por los fiscales que presentaron la imputación.

Los abogados Kronawetter y Hutteman forman parte de un equipo vinculado a jerar­cas del abdismo que son expertos en dilatar casos. Además de los nombrados se encuentran también Cecilia Pérez, Hernán dos Santos, Sergio Coscia Nogués y Nata­lia Molinas Nunes asumieron la defensa de Wiens, exminis­tro del MOPC. Los profesio­nales del derecho son cono­cidos por presentar chicanas con el fin de trabar, dilatar y entorpecer los procesos pena­les; un claro ejemplo es el caso de filtración de Seprelad.

Días atrás, el juez Humberto Otazú admitió la imputa­ción que fue ratificada por los fiscales Giovanni Grisse­tti, Natalia Silva y Yeimi Adle. Los agentes sostienen que el acta de imputación es válida y cumple con todos los requi­sitos necesarios para el inicio de una investigación formal.

Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones. Según la imputación, este no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicaba que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, las cuales costa­ron al Estado G. 6.924.624.006. Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.