El Ministerio Público formuló una nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor, en el marco de una investigación relacionada con supuestas irregularidades en obras ejecutadas dentro del Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
La imputación fue presentada este viernes por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El acta fiscal, que consta de 84 páginas, también alcanza a otras diez personas que habrían participado en el esquema investigado en calidad de cómplices.
Los imputados junto al exjefe comunal son Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.
Según el relato del Ministerio Público, a Prieto Vallejos se le atribuye un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un monto aproximado de G. 757.166.276. De acuerdo con la investigación fiscal, la cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.
Las obras cuestionadas habrían sido realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Los fiscales sostienen que existen suficientes elementos de convicción que permiten presumir la existencia de un hecho punible y la participación de los imputados en una supuesta disminución patrimonial de la comuna.
El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la fijación de una fianza personal o caución real por el monto que determine el juzgado, la prohibición de salida del país, la obligación de fijar domicilio procesal y comparecer periódicamente ante el juez, además de otras medidas que el magistrado considere pertinentes conforme a la naturaleza del caso.