El Senado aprobó con 28 votos el acuerdo Status of Forces con Estados Unidos para mayor cooperación contra el cri­men organizado. El texto aclara que no autoriza bases militares permanentes ni cesión de soberanía. Ahora pasa a Diputados.

El Senado trató el acuerdo como primer punto de su sesión inaugural del año. Tras un extendido debate sobre los alcances del docu­mento, la mayoría oficia­lista dio luz verde al texto que había generado contro­versia en sectores de la opo­sición.

Este acuerdo permitirá al país potenciar sus fuer­zas para el combate al cri­men organizado, aseguró el senador Derlis Maidana.

“Una cooperación tecno­lógica, de capacitación e incluso de recursos viene bien, porque nosotros, y creo que tenemos que coin­cidir, no estamos en la van­guardia tecnológica. Con gente que tiene más expe­riencia creo que no habrá problema de cooperar, por eso apoyamos la ratificación de este acuerdo”, refirió.

Agregó que Paraguay podrá reivindicarse en el escena­rio internacional en la lucha contra el crimen organizado con esta cooperación y prin­cipalmente obtener más recursos para este objetivo común entre ambos países.

“A Paraguay muchas veces se le acusaba de no querer cooperar, que da abrigo a delincuentes, ahora tene­mos esta oportunidad para reivindicarnos en el esce­nario internacional, apo­yando este tipo de acuerdos. No vamos a terminar con el crimen organizado, pero vamos a avanzar en mayo­res recursos y oportunida­des en la lucha contra este flagelo”, apuntó.

Lo que nosotros ratificamos es el acuerdo que va a per­mitir que Paraguay no sea una isla con pocos medios para luchar contra el crimen organizado”, concluyó.

Robert Alter ha sido enfá­tico en desmentir uno de los temores más recurren­tes de la oposición paraguaya: “No hay ninguna posibilidad de que haya una base militar. Estados Unidos no necesita ni está buscando implantar bases en Paraguay. El acuerdo regula la presencia temporal de personal para actividades específicas y el acuerdo no es una ‘cesión’, sino un marco de reciprocidad”.

Alter sostuvo que este tipo de acuerdos “fortalece la sobera­nía” de ambos países al dar previsibilidad jurídica a las opera­ciones conjuntas y el personal militar y civil del Departamento de Defensa estará bajo jurisdicción estadounidense para actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Según su visión, esto no es impunidad, sino un estándar internacional que EE. UU. aplica con todos sus aliados globales.

Aclaró que las tropas estadounidenses no participarán en ope­raciones específicas (combate) dentro de Paraguay, sino que su rol es fortalecer la capacidad de las fuerzas locales. Paraguay es “uno de los aliados más importantes de EE. UU. no solo en la región, sino en el mundo.