El viceministro de Transporte, Emi­liano Fernández, aseguró al sector de los choferes que la reforma del transporte público en el Área Metropolitana no atro­pella en absoluto los dere­chos laborales. Indicó que el proyecto aprobado garantiza la movilidad, la realización de huelgas y paros.

“Entendemos que es un derecho del ciudadano, la movilidad y es una obliga­ción del Estado. La movi­lidad facilita llegar a ejer­cer otros derechos como la salud, el trabajo, la educa­ción y por qué no la diversión y todo lo demás. La movili­dad de por sí es un derecho del ciudadano y al mismo tiempo potencia el ejercicio de otros derechos. El Estado tiene que garantizar ese derecho, por eso el servicio de transporte público tiene que ser continuo y regular”, dijo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/ Nación Media.

Mencionó que el proyecto no vulnera ningún derecho laboral. Se establece clara­mente que se garantizan todos los derechos laborales existentes. “Hay un Código Laboral, hay normas labo­rales, un Ministerio de Tra­bajo. Todo el ámbito laboral está reglado por las nor­mas”, dijo.

Los choferes alegan que al establecerse como impres­cindible el servicio del trans­porte público se colisiona con el derecho a la huelga y el paro. “Para que ambas partes puedan ejercer sus derechos, se fijó el concepto de imprescindible y servi­cios mínimos garantizados. Si se establece un mínimo garantizado, la huelga puede darse, el paro puede darse porque no van a funcionar la totalidad de los buses, pero si no funciona la totalidad, el derecho a la movilidad se ve conculcado”, explicó el vice­ministro.

El proyecto de ley fue impul­sado por el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones, a través del Vice­ministerio de Transporte, y fue analizado por un total de 10 comisiones asesoras de la Cámara Alta. Durante su tratamiento fueron objeta­dos 92 artículos, de los cua­les se aceptaron 20 cambios y en uno se introdujo una corrección de forma para mejorar la redacción.

El presidente de la Fede­ración de Trabajadores de Transporte, Juan Godoy, habló de los cuestionamien­tos y argumentó su reclamo. Una de las preocupaciones es la situación de los trabajado­res con la creación de nuevos consorcios de empresas.

“Cuestionamos la división de las empresas: una empresa va a constar de tres empre­sas, y ahí están los trabajado­res, ¿a quién le pertenecen los trabajadores?, al dueño del vehículo, al dueño del patio de estacionamiento, o al dueño del patio de servicio de estacionamiento”, apuntó.

Desde la Federación de Tra­bajadores de Transporte, Hugo Zayas señaló su des­acuerdo con el porcentaje de operatividad en los casos de huelga y paro. “Nosotros pedimos un mínimo, ellos piden que el 70 % trabaje, entonces no es una huelga. Una resolución no está sobre la Constitución Nacional”.

El operador de servicio que sustituya a otro, deberá incorporar a los conductores de buses.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, aclaró sobre los puntos cuestionados por gremios de choferes en el marco del proyecto de ley de Reforma Integral del Trans­porte Público que se encuen­tra en el Congreso, a iniciativa del Poder Ejecutivo. Señaló que todas las garantías fue­ron previstas e incluidas en el documento.

Uno de los principales puntos de discrepancia entre repre­sentantes del Ejecutivo y los diferentes gremios de chofe­res es la huelga y el paro, sobre esta cuestión, Recalde señaló que se puso en la mesa de diá­logo. Sostuvo que la huelga y el paro están garantizados por la propia Constitución Nacional.

“Ahí hay una discusión con los trabajadores con respecto al servicio imprescindible, cómo nosotros protegemos este servicio de transporte público para toda la ciuda­danía y cómo se podría con­traponer con respecto al derecho a la huelga”, indicó. Refirió que desde el Minis­terio de Trabajo no se ve una contraposición, “al contra­rio, consideramos que esta modificación que ha presen­tado el senador (Natalicio) Chase, justamente a pedido de los trabajadores, establece que las situaciones de huelga y paro deben ser garantiza­das, pero que también se exige un funcionamiento mínimo cuando existe una huelga general de transporte”.