El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzó oficial­mente ayer el cronograma electoral para las eleccio­nes municipales de Ciudad del Este.

El llamado a nuevos comi­cios surge tras concretarse la destitución del opositor Miguel Prieto, mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, el pasado 19 de agosto, tras constatarse gra­ves hechos de corrupción.

Mediante la Resolución n.º 81/2025, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025 y las eleccio­nes municipales el domingo 9 de noviembre. Mientras que el juramento y la toma de posición al cargo se desarro­llará el 18 de noviembre del presente año. Actualmente, la intendencia es interinada por la concejal María Portillo, aliada política de Prieto. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y hermana del exdiputado Car­los Portillo, asumió el pasado lunes el cargo mediante una sesión extraordinaria. Prieto buscó colocar en su reem­plazo a la concejala Valeria Romero, su actual pareja, sin embargo, perdió la puja con­tra Portillo, quien recibió un fuerte respaldo de dirigentes del PLRA de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades detectadas durante la admi­nistración de Prieto mediante una intervención encabezada por el economista Ramón Ramírez, figuró, por ejem­plo, una presunta malversa­ción por G. 29.000 millones.

El desfalco guarda relación con dinero que debía des­tinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista.

Prieto contaba con una par­tida presupuestaria equi­valente a G. 83.000 millo­nes, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irre­gular de este recurso fue reportada por la Contralo­ría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que susten­taron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canaliza­dos mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inver­siones realmente se realizaron como figuran en las facturas pre­sentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Minis­terio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a tesorería.

Las amenazas comunicadas por Pereira al ministro ya se tratan de nuevas que surgieron en la jornada de ayer.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el interventor de la Munici­palidad de Asunción, Carlos Pereira, recibió amenazas y aseguró que ya se toma­ron las medidas de seguri­dad. Pereira culminó con el proceso de intervención el pasado viernes y ya entregó el informe final al Ministe­rio del Interior.

“Yo hablé informalmente con él, le dije que guarde todas las amenazas, para que si en algún momento dado se siente con ganas y fuerzas, yo lo iba a apoyar, también lo vamos a proteger, ninguna amenaza se subes­tima”, contó el ministro en conversación con un medio local.

Riera confirmó además que en el proceso del trabajo de intervención ya existieron algunas amenazas, pero que en ese momento, tanto la intendencia como el inter­ventor contaban con un fuerte dispositivo de seguri­dad. Las amenazas comuni­cadas por Pereira al minis­tro ya se tratan de nuevas que surgieron ayer.

“Durante el proceso, él recibió algunas (amena­zas), pero estaba protegido porque teníamos policías en la intendencia, se iba y venía con protección en su casa y su familia también. Hoy estuve intercambiando mensajes con él y ya le había dicho esto”, señaló Riera.

Tras la renuncia de Rodríguez, “en este momento el trámite documental está en el Poder Ejecutivo”, explicó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que el informe final de la intervención a la Municipa­lidad de Asunción aún no fue remitido a la Cámara de Dipu­tados. Las documentaciones ya fueron entregadas por el interventor Carlos Pereira al Ministerio del Interior, mien­tras tanto, con la renuncia del exintendente Óscar Rodrí­guez el informe ya no pasa por la Comisión Especial de Intervención.

“No hemos recibido el informe de Asunción. Aquí nosotros hicimos un compro­miso como Cámara de tratar ambos casos, ambas inter­venciones con un ropaje insti­tucional, respetando la Cons­titución y a las leyes vigentes. En ese entendimiento, hici­mos los procedimientos esta­blecidos en estas normativas, y en su momento el movi­miento, al cual pertenezco, el movimiento Honor Colo­rado, votó a favor de ambas intervenciones”, sostuvo Latorre en conversación con los medios.

Indicó que al producirse o iniciarse el proceso de inter­vención, los intendentes tie­nen la opción de renunciar al cargo. “El intendente de Ciudad del Este no fue por la renuncia, en el caso del intendente de Asunción, sí lo hizo. Era la misma alterna­tiva que tenía el intendente de Ciudad del Este, pero son decisiones personales”, manifestó.

Tras la renuncia de Rodrí­guez, “en este momento el trámite documental está en el Poder Ejecutivo, esa es una situación que debe ser dirimida por el Poder Ejecu­tivo (la entrega del informe a Diputados)”, de acuerdo a las expresiones del titular de la Cámara Baja.