A dos años de su gobierno, el man­datario Santiago Peña impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acom­pañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Aso­ciación Nacional Republi­cana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus polí­ticas públicas sin enfren­tar grandes dificultades ni oposiciones significativas.

En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escue­las, que tiene como finali­dad garantizar la alimen­tación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educa­ción, la nutrición infantil y la economía local. Es imple­mentada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educa­tivas del país.

Otra de las leyes impul­sadas por el Poder Ejecu­tivo que impacta fuerte­mente en el campo social, es la que establece la Pen­sión Universal para Adul­tos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sis­tema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discri­minatorios.

La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de resi­dencia o extranjero con al menos 30 años tam­bién de residencia perma­nente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será rea­justado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, cons­tatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapaci­dad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a par­tir de los 60 años de edad. Para las comunidades indí­genas la pensión será uni­versal a partir de los 55 años de edad.

La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrup­ción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.

El régimen de integridad involucra tanto al sector público, pri­vado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo cier­tas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.

Solo en lo que va del presente año, Itaipú ya inyectó más de USD 303 millones al Estado.

En el marco del Anexo C del Tratado, Itaipú Bina­cional transfirió más de USD 1.063 millones al Estado paraguayo desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, que este 15 de agosto cumplió 2 años de mandato.

De acuerdo al informe de la entidad, estos recursos fue­ron destinados al Tesoro Nacional y a la Administra­ción Nacional de Electrici­dad (Ande), lo que hicieron posible que las goberna­ciones, los municipios y la mencionada empresa pública puedan realizar obras esenciales en bene­ficio de la población.

La Dirección Financiera de la Binacional informó que, desde agosto de 2023 hasta julio de 2025, la Entidad des­embolsó USD 522 millones por royalties, USD 438 millo­nes por cesión de energía y USD 103 millones por pagos a la Ande (utilidades y resarci­miento de las cargas de admi­nistración y supervisión).

Solo en lo que va del pre­sente año, Itaipú ya inyectó más de USD 303 millones al Estado. Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gas­tos del Presupuesto Gene­ral de la Nación (PGN) y otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamen­tales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacio­nal de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distri­buidos a municipios y gober­naciones; según establecen las legislaciones nacionales.

Hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entregada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

El presidente del Insti­tuto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Fran­cisco Ruíz Díaz, resaltó que al alcanzar los dos años de mandato este 15 de agosto, el gobierno de Santiago Peña está alcanzando la entrega de 10.140 títulos de propie­dad de sus tierras. Destacó que en este gobierno se está logrando una verdadera revolución agrícola.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que, haciendo un comparativo del mismo periodo de los dos primeros años del gobierno anterior, hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entre­gada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

“Esto refleja un poco la voluntad del presidente de la República de llevar ade­lante una verdadera revo­lución agrícola, apoyando a los pequeños agriculto­res. Porque no solamente trabajamos en el equipo del Indert; estamos bajo el sis­tema productivo, el sistema del Ministerio de Agricul­tura y Ganadería”, comentó.

Explicó que no solo se trata de entregar títulos a los campe­sinos; la entrega de los docu­mentos es solo la primera etapa de lo que es la política de gobierno del presidente Peña.

Indicó que la política de revo­lución agraria, de la cual forma parte el sistema del MAG, tiene previsto además la asis­tencia y apoyo a los pequeños productores, para que puedan tener mayor inversión y mayo­res niveles de rendimiento y productividad.