En coincidencia con el reinicio de las acti­vidades parlamen­tarias, legisladores del Partido Colorado solicita­rían el juicio político para el contralor general de la República, Enrique Gar­cía. Esto tras la imputación del Ministerio Público por la producción de documen­tos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso en el caso Ivesur, que obliga a la muni­cipalidad a pagar US$ 3,6 millones a dicha empresa.

El agente fiscal de la Unidad N° 6 de Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Leo­nardi Guerrero, que tiene a su cargo el caso, requirió que el Juzgado proceda a solicitar el levantamiento de la inmunidad del contra­lor general de la República, José Enrique García Áva­los –conforme lo prevé el Art. 328 inc. b) del Código Procesal Penal y 284 de la Constitución Nacional–. Para el efecto, pide remitir todos los antecedentes del caso a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional para que dicho organismo constitucional resuelva conforme a lo soli­citado.

Enrique García, cuando fue director jurídico de la Municipalidad de Asun­ción, no actuó como corres­pondía, en este caso apelar el fallo arbitral que con­denó a la comuna capitalina a pagar G. 19.000 millones (aproximadamente unos US$ 3,6 millones) a Ive­sur, encargada de los ser­vicios de Inspección Téc­nica Vehicular (ITV).

A pesar de que no se rea­lizó en tiempo y forma la apelación, Enrique Gar­cía y Julio González Gimé­nez, asesor jurídico de la municipalidad (también imputado), esgrimieron un documento de recepción de dicha gestión. Sin embargo, las pericias técnicas logra­ron comprobar que el cargo y sello que constaban en la supuesta presentación de la apelación no corresponden a ningún funcionario de las seis salas penales donde se debió presentar el escrito, explicó el agente fiscal Leo­nardi Guerrero.

Asimismo, el contralor general se expone a una imputación por lesión de confianza. El hecho repro­chable legalmente es no haber presentado la apela­ción, por lo que la Munici­palidad de Asunción será perjudicada con el millo­nario pago a Ivesur, por un supuesto incumplimiento de contrato, que correrá por cuenta de los recursos que aportan los contribuyentes capitalinos.