El candidato estrella del Partido Demo­crático Progresista (PDP), Guillermo Duarte Cacavelos, segundo en la lista que aspira a un escaño en el Senado por esa agrupación política, cayó en un abismo de contradicciones desde que se constató públicamente que formaba parte de la rosca que controlaba la justicia a través del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann.

El abogado Duarte Cacave­los es el promotor de la teoría del "cruce de llamadas" como prueba de los hechos violen­tos del 31 de marzo (31M). Sin embargo, tras publi­caciones del diario Última Hora se conoció que era uno más en la rosca de llamadas al ex secretario de González Daher y se habría benefi­ciado con el sobreseimiento de su suegro en un caso que enfrentaba ante la justicia.

El ministro del Interior, Ariel Martínez, calificó como inauditas las contra­dicciones de Duarte Caca­velos, para quien una con­versación justificada, como la del presidente de la Repú­blica con el comandante de la Policía Nacional, está sos­pechada, pero por otro lado no debe importar la conver­sación telefónica totalmente anormal entre el candidato del PDP con Lippmann, quien está imputado por tráfico de influencias, aso­ciación criminal y cohecho pasivo agravado.

"El presidente de la Repú­blica no puede hablar con su comandante de la Policía. Las autoridades de seguri­dad no pueden hablar con las autoridades policiales, ciudadanos interesados por una noche trágica no pue­den hablar con los jefes poli­ciales. Pero sí puede hablar alegremente un candidato a senador que ejerce la profe­sión de abogado con alguien que se cree operaba ilegal­mente dentro de la justicia", subrayó el ministro Ariel Martínez.

Tras hacerse público el cruce de llamadas entre Cacavelos y Lippmann, el candidato al Senado dijo a medios radia­les que sus permanentes con­tactos, hasta de cinco veces al día, no eran prueba de nada, aunque coincidentemente en ese período se declaró la inocencia de su suegro, Car­los Heisele Sosa, ex titular de la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande), quien fuera procesado por el pago de montos millonarios e inflados a los propietarios de terrenos que fueron afec­tados por la construcción de la línea de 500 kV.