Una de las tantas crisis que enfrentó el sistema penitenciario paraguayo por la falta de atención al sector por décadas enteras, fue el detonante para que en setiembre del 2016 el presidente de la República, Horacio Cartes, se decida a nombrar a Éver Martínez como ministro de Justicia. El objetivo es lograr un punto de inflexión en la gestión de esa cartera de Estado, que no solo administra el sistema penitenciario, sino que cumple otras importantes funciones.

Cuando se habla del Ministerio de Justicia se piensa en cárceles. ¿Hay algo más que penitenciarías en las funciones de esta cartera de Estado?

Por supuesto, la misión del ministerio es asegurar el derecho a la identidad y garantizar la vigencia de los derechos humanos a todos los ciudadanos. Esto implica facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y a la información pública. Además, está garantizar las condiciones adecuadas de atención y tratamiento para la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, y de los adolescentes en situación de riesgo y en conflicto con la ley penal.

¿Con qué acciones o programas concretos llegan a la ciudadanía para facilitar el acceso a la Justicia?

Son muchos los programas. Algunos que me vienen a la mente, por ejemplo, el Ministerio es el órgano coordinador de las políticas de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo. Tenemos a cargo el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos acceder con facilidad a la información. Asimismo, desde el Viceministerio de Justicia brindamos servicios de asesoramiento a los sectores más carenciados, pero también trabajamos para brindar seguridad jurídica a los inversionistas. Somos también los responsables de la identificación de los desaparecidos en la dictadura. Trabajamos para mejorar la rehabilitación de las personas privadas de libertad, gestionamos la marca penitenciaria Muã para brindar opciones laborales a los internos. Trabajamos en la humanización de los centros penitenciarios. Ahora estamos empeñados en la construcción de nuevos centros que ayuden a descomprimir estos lugares. Necesitaremos una entrevista por cada proyecto que ejecutamos.

Uno de los ejes de su gestión es la reforma penitenciaria. ¿Qué implica esta reforma?

Un nuevo modelo de gestión penitenciario enfocado en cumplir los estándares internaciones, las reglas de Mandela, trabajo, educación, reinserción. Son normas adoptadas por las Naciones Unidas en 1955. Su última reforma fue el 17 de diciembre del 2015. Básicamente, establece nuevos estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad, basándose en los recientes avances de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas internacionales.

NUEVAS PENITENCIARÍAS

Mientras la tendencia es cerrar cárceles, en Paraguay se planifica construir más penales. ¿Cómo debemos entender esto?

Las causas como las soluciones responden a múltiples factores. En el caso de la gestión en las penitenciarías, existe una deuda social que por décadas no fue asumida, lo cual derivó en una crisis del sistema. Agreguemos que la vigencia de la Ley Nº 4.431, que prohíbe la concesión de medidas alternativas a la prisión a personas con antecedentes, disparó la tasa de crecimiento de la población penitenciaria. Tenemos una capacidad instalada para algo más de 9.000 privados de libertad, pero la población penitenciaria existente ronda los 14.000 y este es un número que crece permanentemente.

El proyecto del Complejo Penitenciario de Emboscada es el más ambicioso. ¿Qué características debe tener?

Ante todo, esta nueva infraestructura debe cumplir con los estándares internacionales. No podemos seguir construyendo penales como si fueran copetines o despensas. En el pasado se ejecutaron proyectos que se realizaron a medias o se entregaron con retrasos, los que se culminaron recibieron fallos en los que se señala explícitamente que estos establecimientos penitenciarios son de baja calidad.

El año pasado usted dijo que en Paraguay ya no se deben construir más “cárceles de papel”.

Sí, fue en una entrevista para la agencia de noticias EFE. Se adjudican los contratos siempre al más barato sin medir la calidad de la oferta o la solvencia de la firma. En una ocasión, en unas obras en el Buen Pastor en las que se invirtieron cuantiosos recursos públicos, inspeccioné la resistencia de los muros, que me aseguraron eran de hormigón, pero me encontré con que esos muros de la cárcel estaban huecos. Existen errores en el mismo diseño, en la ejecución y no faltan los engaños, los constructores en connivencia con los fiscalizadores construyeron y permitieron “paredes de papel”. Debemos realizar nuevamente inversiones para subsanar estas artimañas.

¿Por estas experiencias el llamado de esta licitación es internacional?

El nuevo Centro de Rehabilitación y Reinserción Penitenciaria de Emboscada debe contar con las más altas exigencias en niveles de seguridad. Debe permitir la aplicación de estándares internacionales para aplicación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas de Mandela). Asimismo, deben posibilitar la inclusión de servicios de sanidad para tratar eficientemente los problemas de adicción y salud mental, el desarrollo de proyectos de reinserción social. Debe ser un modelo que estimule el cambio de la percepción ciudadana acerca de las personas privadas de libertad.

¿Cuándo se habilitaría este centro penitenciario?

El pasado 27 de diciembre del 2017 el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) realizó el llamado a licitación. Después de casi un mes de estar publicado en el sitio web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el MOPC postergó para el 15 de marzo la apertura de sobres de ofertas. Fue tras una nota de pedido de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), en la que solicita el cambio de la modalidad de la licitación.

¿Cuál fue la modalidad adoptada?

Para garantizar la solvencia de la firma constructora y el cumplimiento de los estándares internacionales, se optó por la modalidad de contratación de “suma alzada”, es decir el 80% del precio de la obra pagará el Estado recién cuando haga la recepción definitiva, previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su construcción. El Estado solo hará un adelanto del 20% del costo de la obra.

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