Óscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado y actual defensor del comisario Tomás Paredes Palma, imputado en la causa que investiga los atracos contra el Congreso Nacional y la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana, habló acerca de la investigación del caso. Asegura que la justicia del país está "aplazada" debido al sometimiento de jueces y fiscales a los intereses de la querella.
"Si yo tengo que evaluar lo que se hizo a partir del 31 de marzo, yo diría que la Fiscalía está aplazada porque el atraco al Congreso configura un crimen que se llama coacción a órganos constitucionales, tiene una pena de hasta diez años de cárcel y, sin embargo, la fiscalía no solamente no imputó por ese hecho, sino que los principales responsables, los instigadores de lo que ocurrió y que están plenamente comprobados con los audios y videos, están libres. Dejan cátedras de ética, de moral y se pegan el lujo de tratar de distorsionar la verdad de lo ocurrido con la actitud cómplice y cobarde de jueces y fiscales", expresó Latorre durante una entrevista difundida en el programa "A punto", que se emite por GEN (Canal 12 de Tigo Star) y la 970 AM.
Resaltó además la importancia que le dan tanto los medios de prensa como las autoridades a lo ocurrido en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) la madrugada del 1 de abril del 2017, cuando en realidad, según Latorre, el único atraco fue el que ocurrió en el Congreso.
"Hoy en día, ¿quién se acuerda de la quema del Congreso?. Todo el debate se centra en lo ocurrido en el local del PLRA, los periodistas hablan de que hubo un allanamiento sin orden judicial, hablan de atraco, el único atraco que hubo fue al Congreso. El ingreso al local partidario fue en estado de flagrancia, había situaciones que autorizaban plenamente a la policía a ingresar al lugar. En el caso del comisario Paredes Palma, a quien defiendo, su grupo ni siquiera sabía dónde entraba. Ellos llegaron ahí por las llamadas de apoyo del personal policial que llegó primero. Recibieron una lluvia de piedras, nadie se acuerda de eso. Hablan de atraco al PLRA y realmente no hubo tal cosa", dijo.
Agregó además que cuando los procesos penales no son llevados por los mecanismos legales establecidos, ya sea la investigación fiscal, las autorizaciones judiciales o las medidas que pueda dictar el juez y en lugar de eso el debate se traslada a los medios de comunicación tratando de imponer "la radio novela", definitivamente el proceso penal se desnaturaliza.
MEDIATIZACIÓN DE LA JUSTICIA
"Hoy en día las decisiones judiciales y los requerimientos fiscales dependen de la bendición de algunos periodistas y hay periodistas que ganan con ese ejercicio ilegal de la profesión, mucho más dinero que los honorarios de los propios abogados. Cuando saltan evidencias de que eso realmente es así los propios medios se encargan de disimular el tema". De esta manera, Latorre habló de la supuesta influencia que tienen los medios de prensa en los procesos penales. Destacó que actualmente no existe una justicia independiente y que la injerencia política y de los medios de comunicación son los que determinan la suerte de los procesos judiciales.
"Hay que recordar también que los medios, si bien tienen acceso muchas veces a informaciones que ni los propios abogados reciben de los juzgados, definitivamente ellos no pueden medir correctamente el estado o situación. Los periodistas muchas veces opinan sin ser abogados, pero lo hacen con un convencimiento espantoso. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos una justicia independiente. La injerencia política y de los medios determinan la suerte de los juicios, de los contratos que las instituciones realizan, la compra de bienes y servicios, los nombramientos de funcionarios y magistrados, todo y absolutamente todo está en una crisis y tarde o temprano va a reventar y lo va a hacer posiblemente más tarde que temprano. Si el resultado de un juicio dependerá del interés o de la convicción que puedan tener los medios con relación a un determinado hecho, entonces estamos fritos", señaló.
Finalmente, Latorre resaltó que él siempre juzga una situación procesal a partir de los cinco años que le tocó ser fiscal general.
"Cuando ocurren este tipo de cosas, cuando la fiscalía quiere acomodarse a un determinado momento político, cuando la Fiscalía se somete a los mitos y a las fantasías que quiere imponer la querella, uno hace zaping y encuentra a los mismos abogados hablando de lo mismo en todas las emisoras", dijo.