En el 2011, la agroganadera Sanja Pytã, del sobrino de Antonio J. Vierci, acordó con la ANNP arrendar el puerto de Concepción por cinco años. La empresa debió realizar mejoras por unos G. 1.200 millones, abonar un canon mínimo de US$ 10 mil por mes y operativizar la terminal granelera. Una auditoría del 2014 corroboró que nunca hicieron las mejoras, tampoco estaban al día con el canon y encima subarrendaron el puerto en abierta violación al contrato. Es por ello que la administración actual rescindió el contrato y Vierci apeló para no perder el negocio.

• POR JORGE TORRES ROMERO
• PERIODISTA

En fecha 8 de agosto del 2011 la Admi­nistración Nacio­nal de Navegación y Puer­tos (ANNP), presidida en ese entonces por el abogado Vidal Francia Zaracho, durante el gobierno de Fernando Lugo, firmó un contrato de arren­damiento y operación comer­cial de las instalaciones gra­neleras y silos de la terminal portuaria de Concepción – Puerto Nuevo con la firma agroganadera Sanja Pytã SA, representada en dicho acto por su apoderado general Lic. Eduardo Raúl Vierci Bertón, sobrino del empresario Anto­nio J. Vierci.

El acuerdo tenía inicialmente un plazo de cinco años, prorroga­bles, y en los 30 primeros meses de vigencia la empresa debía abonar a la ANNP la suma de US$ 10.000 mensuales. Este monto, considerado irrisorio para el volumen de operacio­nes que se podrían realizar en un puerto de estas caracterís­ticas, fue establecido porque en una de las cláusulas del contrato la agroganadera Sanja Pytã SA se comprometía a realizar inver­siones y mejoras en la terminal.

En efecto, en la cláusula 12ª la arrendataria obligaba a reali­zar reparaciones de urgencia conforme al relevamiento de la gerencia de Obras Portua­rias de la ANNP. El contrato especificaba que las repa­raciones a ser efectuadas debían ser realizadas para dejar la terminal granelera en condiciones de operación segura, identificando los tra­bajos necesarios con una inversión total que ascendía a la suma de G. 1.149.663.694.

Asimismo, la empresa de Vierci se comprometía a la conservación y manteni­miento preventivo periódico de las instalaciones, maqui­narias, equipos y accesorios o partes de las mismas que forman parte del sistema operacional de la terminal granelera.

Sin embargo, un informe de la Auditoría Interna de la ANNP, de fecha 21 de enero del 2014, detectó serias irregularida­des e incumplimientos con­tractuales por parte de la firma arrendataria, entre los que se encuentra el hecho de que sub­arrendaba el establecimiento a otra empresa denominada Concrecal, en violación a la cláusula 5ª del acuerdo.

Además, se constató el estado de abandono y dete­rioro de los tanques de com­bustible, también la falta de mantenimiento de la infraestructura e instalacio­nes, maquinarias, equipos y accesorios que se encon­traban en estado deplorable.

En otro punto de su informe, la auditoría insta a verificar la inversión de G. 1.149 millo­nes a la que se había compro­metido Vierci, atendiendo al estado general de las insta­laciones en el momento de la fiscalización.

Resulta evidente que la empresa agroganadera Sanja Pytã SA nunca realizó las inversiones ni las mejoras que se había comprometido e incluso habría lucrado con el local, puesto que lo subarren­daba a otra firma comercial.

Según la auditoría, la empresa de Vierci ni siquiera abonaba los ser­vicios básicos, ya que la ANNP emitía cheques mensualmente en con­cepto de suministro de energía eléctrica.

El abogado Santiago Martínez Vierci, también sobrino del empresario de medios, fue el representante legal de la agro­ganadera Sanja Pytã, firma que no quiso aceptar con condi­ciones la rescisión del contrato con la ANNP y por ello ini­ciaron un juicio ante el Tribunal de Cuentas.

Si bien la rescisión del contrato se firmó en el 2014, un año después recién la Administración de Puertos pudo desalojar del lugar a la agroganadera de la familia Vierci a través de una demanda de desalojo.

El juicio promovido por el representante legal de la agro­ganadera de Vierci tampoco prosperó, ya que el tribunal declaró su incompetencia para atender el juicio y ordenó que el caso se recurra en la instancia civil y comercial.

El empresario Antonio J. Vierci mueve toda su fuerza comunicacional para trun­car el nuevo proyecto de lo que será el puerto grane­lero en Concepción, donde la agroganadera Sanja Pytã, vinculada a su familia, rea­lizó negocios particulares sin generarle ganancias al Estado, como establecía el acuerdo comercial.

La nueva "operación de prensa" de los medios de Vierci confronta con las ansias de progresar de regiones enteras del Norte; el problema de los bitrenes, al igual que en el caso de los transportis­tas, sería solo un pretexto que esconde los poderosos intereses del empre­sario de supermercados y medios.

Los medios del Grupo Vierci están en plena campaña para boicotear el arren­damiento de la terminal a la firma Baden SA, que por medio de una alianza estratégica de inversión acordada con la ANNP rea­condicionaría la terminal portuaria para recibir un millón de toneladas de soja de la zona de Mato Grosso do Sul del Brasil, generando un tre­mendo potencial económico a los departamentos de Concepción y Amambay.