Campesinos inte­grantes de la Coor­dinadora Nacional Intersectorial (CNI) se con­centrarán nuevamente desde hoy en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, en reclamo por el cumpli­miento de la Ley de Emergen­cia Nacional de la Agricul­tura Familiar, confirmó el dirigente Jorge Galeano. Sus miembros sostienen que el Gobierno no cumplió con los acuerdos firmados el año pasado.

La organización está confor­mada por 8 sectores de labrie­gos y son los mismos que se instalaron en el microcentro de julio a agosto, exigiendo la condonación de sus deudas, entre otras reivindicacio­nes. La movilización se había dado por finalizada tras una acuerdo firmado con el MAG, en el cual se estableció una inversión de 7 millones de dólares para la reactivación productiva.

Además, el Gobierno se com­prometió a la entrega de kits de alimentos durante 6 meses y la provisión de nuevos crédi­tos. El plazo de la emergencia vence este 9 de febrero.

Jorge Galeano, uno de los líderes de la CNI, indicó que la cartera de Estado solamente cumplió con el 10% de lo acor­dado en la parte de reactiva­ción productiva, mientras que en lo concerniente a la rehabi­litación financiera y asisten­cia alimentaria no concretó ninguno de los planes previs­tos en el documento.

Según expresó, La Secreta­ría de Emergencia Nacional (SEN) solamente repartió los kits entre los "correligio­narios" y nada a los compo­nentes de la Coordinadora. Tampoco el Crédito Agrícola (CAH) dio cumplimiento a los acuerdos, aseguró.

Manifestó, igualmente, que unos 1.000 delegados de diver­sos puntos del país denuncia­rán el caso y visitarán las repar­ticiones estatales y los medios de comunicación. Dentro de los planes está, además, poner a conocimiento de la Comisión Permanente del Congreso la situación campesina, señaló.

La Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar tiene como objetivo encaminar planes de asistencia técnica y crediticia, de acceso a ser­vicios básicos, vivienda y tie­rras para las familias inclui­das dentro de ese segmento de productores. Tiene un plazo de 180 días, durante el cual los ministerios y las institucio­nes dependientes del Estado deberán tomar las medidas necesarias para auxiliar a ese grupo de compatriotas.

Cabe mencionar que la mani­festación campesina del año pasado fue activada básica­mente por el veto de parte del Poder Ejecutivo del pro­yecto de ley que condonaba la deuda de los pequeños productores. La propuesta fue considerada de cumpli­miento imposible por parte del Gobierno.