El Gobierno Nacional, a través del Ministe­rio de Agricultura y Ganadería (MAG), asegura que cumplió con los acuerdos firmados con los campesinos. El titular de dicha cartera, Marcos Medina, aseguró que no se puede asistir a perso­nas no inscriptas en el Regis­tro Nacional de Beneficiarios (Renabe).

Esto con relación al reclamo de la Coordina­dora Nacional Intersectorial sobre el cumplimiento de la Ley de Emergencia de la Agri­cultura Familiar. En ese sen­tido, recordó el actuar poco transparente de la CNI, que entregó un listado con 62.000 personas. No obstante, mediante el cruzamiento de datos se percataron de que en la nómina figuraban menores de edad, funcionarios públi­cos y hasta difuntos, que no pueden recibir asistencia estatal.

Además, la mayoría no figura en la base de datos del Registro Nacional de Beneficiarios (Renabe). "No podemos, bajo la presión que ellos quieren imprimir, utili­zar los recursos del Estado en personas que no estén real­mente habilitadas y verifi­cadas como productores, lo que mucha veces genera la reacción de los campesinos", expresó el titular del MAG.

La Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar Cam­pesina –promulgada en agosto del 2017 con vigencia en todo el territorio nacio­nal– tiene vigencia por un plazo de 180 días, que vence el 9 de febrero, para asisten­cia a productores que fueron afectados por las heladas. La normativa tiene como obje­tivo atender los problemas de asistencia técnica y cre­diticia, y de acceso a servi­cios básicos, vivienda y tierra que afectan a los compatrio­tas que se encuentran en ese segmento de productores.

Sin embargo, uno de los líde­res de la CNI, Luis Aguayo, dijo que desconocían cuán­tos serían los beneficiados. En principio, se negaron a entregar la lista de benefi­ciados.

El Ejecutivo llegó a acor­dar con los campesinos en todas las ocasiones en que presentaron sus reclamos. En principio, se dio la firma del acuerdo para la reestruc­turación de las deudas, regu­larización de tierras y pro­yectos productivos. Dicho acuerdo se firmó en abril del 2016. Posteriormente, los campesinos se volvieron a movilizar el año pasado por varias semanas copando el microcentro capitalino reclamando la condonación de sus deudas.

Ante este nuevo pedido del sector campesino, el Ejecu­tivo planteó una nueva alter­nativa considerando que la condonación sería "perversa", ya que los excluiría del sistema financiero, según indicó Amanda León, presi­denta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Por ello, se logró el acuerdo de Enten­dimiento de Rehabilitación Financiera. Dicho convenio establece la quita de intere­ses, nuevos vencimientos con plazos de hasta 10 años, con dos años de gracia y tasas de interés del 8% anual, para que los productores puedan honrar sus deudas.