El Dr. Sergio Godoy Codas se desempeñaba hasta hace pocos días como ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, cargo al que renunció para asumir su postulación a la Cámara de Senadores. Su propuesta puede ser impactante por su pragmatismo para superar el vicio de la invasión partidista en la Justicia. "Necesitamos tener la madurez política de cancelar ya la representación de las cámaras del Congreso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura".

Mientras lo entrevis­tamos con esta pro­puesta era imposible no pensar en lo que –al escu­charla– estaría cruzándose por la cabeza de cualquier miembro de la comunidad política (ya sea del oficialismo o la oposición) que en algún momento de su vida parla­mentaria definió la suerte de un fiscal o un juez con la vara de su humor político.

–La propuesta, básicamente, es acabar con la representa­ción parlamentaria que hay en el Jurado y en el Consejo de la Magistratura, entiendo que la injerencia política en estas instituciones es suma­mente dañina para nuestra democracia, para nuestras instituciones, ha pervertido y corrompido altamente la Jus­ticia, sometiéndola al poder político, creo que hoy ya nadie escapa de esta injerencia.

–Quiero aclarar en pri­mer lugar que esto está lejos de pretender generar un esfuerzo de marketing polí­tico o electoralista, es la rea­lidad, es fruto de un proceso que me tocó vivir, y muy de cerca, compartiendo las expe­riencias y las tribulaciones de las comisiones de reforma judicial que arrancamos en el 2014. Como representante del Ejecutivo presidí el tema del Consejo y el Jurado de Enjui­ciamiento y fuimos tratando ley por ley para ver qué podía­mos sugerir, luego como pro­yecto de ley de un mejor sis­tema judicial fui viendo a lo largo de los años, fui palpando, que este es un problema que se trata de raíz o no se solu­ciona nunca. Es un sistema perverso que se reproduce en cada período, hoy en manos de unos, mañana en manos de otros.

–Vamos a plantear una herra­mienta que nos permita eli­minar la representación parlamentaria de estos dos órganos. Esta era la idea que incluso lo compartimos con amigos, con gente del Gremio de Abogados de manera que se inaugure una etapa en la que la Justicia se escape de los sec­tarismos políticos y la tempe­ratura del momento.

–Digamos que la solución de fondo es la modificación de la Constitución. Eso es inapela­ble porque le daría un marco permanente que estaría por sobre la voluntad política. Pero mi propuesta es aún más desafiante: mi planteo es que ahora, sin más dilación, en el inicio del nuevo período de sesiones del Congreso la clase política allí represen­tada tenga la madurez de dejar –con todos los cuidados legales– sin su participación a estos organismos, de manera que solo sean integrados a la Justicia las representaciones de abogado y las representa­ciones académicas.

–Tal cual. Que al empezar su mandato el nuevo Congreso diga a la comunidad nacio­nal: nosotros asumimos que en la Justicia está la crisis a consecuencia de la injerencia política y ante ello decidimos retirar nuestra representa­ción hasta tanto una modifi­cación constitucional defina un esquema permanente.

–Nada garantiza que eso ocu­rra inmediatamente –ojalá que sí– y mientras tanto ya no podemos esperar más para que la ciudadanía recobre la esperanza en la Justicia.

–Y es asimismo, yo sé que ese es el escenario, pero yo quiero plantear hoy como ciudadano y mañana, si me permite la gente– como senador que esta eliminación de la representa­ción parlamentaria se haga sin aguardar una modifica­ción constitucional –de inme­diato–, que se comprometan si realmente quieren acabar con la injusticia, en tomar la decisión en el Senado y en la Cámara de Diputados de reti­rar sus representantes.

–Claramente nuestra Consti­tución dice que estas dos ins­tituciones tienen que estar conformadas por represen­tantes de la Cámara de Sena­dores y la Cámara de Diputa­dos, eso es clarísimo, ahora eso está en la parte orgánica de la Constitución, que nos dice cómo funciona el Estado, pero hay otra parte sustan­cial de nuestra Constitución, la parte dogmática donde establece los principios y los valores donde claramente dice y reconoce a la dignidad humana y habla de los valo­res máximos de nuestro pue­blo, de nuestra Constitución, de nuestra democracia, que son la igualdad, la libertad y la justicia. Y los parlamentarios deben velar, están obligados a velar por la justicia, aparte de la libertad y la igualdad, y cómo tolerar esta situación, cómo aguantar un día más con esta situación que a luz sale el sistema perverso del que antes hablé.

–Asimismo. Un gesto en positivo, porque tuvi­mos muchas situaciones similares; por ejemplo, el defensor del Pueblo que durante años no fue nombrado, hoy, hay una fiscala general (Sandra Quiñónez) propuesta por el Ejecutivo que tampoco está siendo nombrada, venciendo los pla­zos, todos estos son gestos políticos negativos, tuvimos muchos temas con la Corte Suprema, hubo miembros que estuvieron más de lo que corresponde a su período y siguió funcionando todo, pero en gesto negativo; lo que propongo es que se plan­tee también una excepción, pero en gesto positivo. Tuvi­mos muchos gestos políticos excepcionales para el mal, ¿por qué no haríamos uno para el bien?

–Exacto, lo otro solamente se va a poder con una modifica­ción constitucional, te repito, no es ajeno a otras situacio­nes que vivió nuestra demo­cracia y creo que esta sí va a ser una decisión en positivo para nuestra democracia.

–El planteo concreto sería que las cámaras del Con­greso –si la gente me permite pueda estar en el Senado– retiren la representación, vía una resolución que insta a nuestros representantes del Senado a presentar sus renuncias, que vuelvan a las Cámaras y dejen esas insti­tuciones sin la intervención política. Eso puede ser de inmediato. Incluso ahora, en este período.

–Te digo que hace pocos días le comenté mi idea al líder de Honor Colorado, el presidente Horacio Cartes, quien me consultó sobre cómo se plan­tearía el procedimiento y su legalidad. Días después el Pre­sidente me dijo: "Todo lo que se intente para separar lo par­tidista de la Justicia es bienve­nido. Te animo a que sometas al debate público esta idea".

–Estoy plenamente conven­cido de que el sistema en sí es tóxico, es dañino y ha vilipen­diado nuestra Justicia, quien sea parte de ese sistema, sea amigo o esté en la vereda del frente no puede seguir en el sistema; no puede seguir interviniendo y por eso creo que esta propuesta va a permitir desenmascarar quiénes realmente quie­ren un cambio de Justicia o quiénes quieren ocupar el lugar de otro para seguir con lo mismo.

–Asimismo, creo que a mí personalmente me tocó bas­tante cotidianamente ver reacciones de actores políti­cos que no buscan otra cosa que correrle a alguien del medio para seguir haciendo lo mismo, no es por un interés nacional, respetar la Consti­tución ni nada de eso, sino solo para ocupar el lugar y seguir con lo mismo.

–Y es otra de las situaciones de un desequilibrio de poder. Tenemos la obligación de cumplir con los plazos. Eso no se lo perdonaría al Poder Eje­cutivo y me tocó vivir de aden­tro. Probablemente muchos problemas en torno a la Fis­calía ya estarían en tren de superarse si solo se cumplie­ran los plazos.

–Yo, principalmente, lo noto en la parte judicial, la injeren­cia no corresponde, es inapro­piada y es grotesca por parte del Congreso en la justicia. En cuanto al desequilibrio con respecto al Ejecutivo, creo que hay una parte cru­cial que debemos definir bien, si es que el juicio político va a ser la pérdida de la confianza del Congreso o si va a ser real­mente un juicio basado en la conducta del Presidente, en una conducta inapropiada, porque una cosa es no com­portarse de acuerdo a los intereses del Congreso, otra cosa es comportarte contra la Constitución y el pueblo, entonces tenemos que definir bien, porque actualmente eso no está definido y es como una espada de Damocles de cual­quier gobernante.

–En otras experiencias, como en España hay limi­taciones para una modifi­cación, es decir, no te pue­den tocar por tocar, tiene que haber un criterio por­que al final de cuentas quien administra el país es el Eje­cutivo. El presidente de la República define un pro­grama de gobierno que es aprobado por los electores y finalmente ese modelo es con frecuencia modificado por intereses sectarios, principalmente vincula­dos al clientelismo. El trata­miento del Presupuesto debe ser parte de un debate muy serio y maduro en el próximo Congreso. No podemos jugar con una ley de tanta prepon­derancia para el funciona­miento de la República.

–Me decís una palabra clave: el futuro, allí está el punto de responsabilidad substan­cial de los legisladores, mirar el bien de las nuevas genera­ciones. En una nueva Consti­tuyente tiene que tratarse la reelección, la reelección por un período; inclusive pode­mos bajar el período a 4 años y que se le premie a lo que los hace bien, es propio de casi todas las democracias avan­zadas del mundo, pero nues­tro sistema, en el 92, expresó un temor basado en el pasado y allí radicó el error.