En el ranking de llamadas telefónicas hechas por Bacchetta en casi todo el 2017 se encuentra un pequeño círculo de jueces, fiscales y abogados salpicados en hechos graves de corrupción.

El senador colorado Enrique Bacchetta dialogó vía teléfono celular, entre mayo y noviem­bre del año pasado, con 23 fiscales, 37 jueces, más otros funcionarios del Ministe­rio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública, entre otros, muchos de los cuales cuentan con antecedentes oscuros y serios indicios de haber incu­rrido en hechos de corrup­ción. El ranking de llamadas es liderado por nombres de jueces y fiscales de dudosa reputación y comprueba que el legislador era prácti­camente un operador más de la justicia.

En tan solo 7 meses, el parla­mentario mantuvo frecuentes conversaciones telefónicas con fiscales y jueces de diferentes jurisdicciones de la República, sumado a contactos con funcio­narios del Ministerio Público, siendo uno de ellos el abo­gado Roberto Zacarías, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien en estos momentos se encuentra con permiso. Con Zacarías habló en 16 ocasiones. También aparecen 24 comuni­caciones con la línea que está a nombre de María Selva Morí­nigo, esposa de Díaz Verón, aun­que se aclaró que el número es utilizado por este.

También figuran varios contac­tos con los números que están a nombre de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, con un total de 32 comunicaciones.

Resulta llamativo el modo en que el senador se comunicó en reiteradas ocasiones con opera­dores de justicia, más aún con­siderando que varios de ellos manejan sonados casos de corrupción y que el parlamen­tario estuvo por mucho tiempo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos (JEM).

De acuerdo con el ranking de llamadas elaborado por nues­tro diario, sobre la base del cruce de llamadas del senador Enrique Bacchetta, este man­tuvo conversaciones telefóni­cas en 67 oportunidades con la defensora pública Ana Carolina Silveira, quien es hermana de las imputadas del caso Radice del Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral (TSJE). Estos contactos, al menos, levantan sospechas atendiendo a que se trata de personas con proble­mas con la justicia.

Según una publicación del diario Última Hora del 15 de noviembre del 2015, las hermanas de la asesora vip del TSJE acaparaban pues­tos en el Poder Judicial. Es así que refiere que las cinco hermanas de la asesora via­jera del TSJE, Clara Haydée Silveira Arza, y su madre fue­ron colocadas como funcio­narias públicas.

De las seis, las que habían ganado fama son Clara, la ase­sora viajera, su hermanita Glo­ria María Paz Silveira Arza y la madre de ellas, Ana Catalina Arza, que fueron destituidas del TSJE por incumplimiento de asistencia, al ser descubiertas por investigaciones realizadas por este diario.

Las tres habían ingresado con influencias de Manuel Radice, amigo personal del ministro Alberto Ramírez Zambonini, hecho que fue confirmado por la misma autoridad del TSJE.

El senador Bacchetta habló también con el juez Alejandro Peña en 30 oportunidades en el transcurso del 2017, según la nómina de llamadas. Se trata de un magistrado que habría reci­bido dinero para otorgar per­miso a menores para viajar al exterior. Según informes preli­minares, el juez habría pedido dinero a unos 20 adolescentes jugadores de rugby.

A raíz de eso, su despacho había sido intervenido en el 2014 por sospecha de coima. Según publicaciones de esa época, en la noche del 28 de abril del 2014, la Policía detuvo al magistrado del Juzgado de Paz de Trini­dad mientras presuntamente recibía una coima. El operativo había sido encabezado por el fiscal Anticorrupción Martín Cabrera. El magistrado habría recibido dinero para otorgar permiso a menores (jugadores de rugby) para viajar al exterior.

En otro de los detalles del cruce, se lee que Bacchetta también habló con el relator del ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo, el abo­gado Tomás Rochol, con quien habló en 12 oportunidades.

El polémico juez del caso Curu­guaty Ramón Trinidad Zelaya, acusado de recibir una coima de US$ 5.000 por haber libe­rado un camión robado en el Brasil en el 2006, es otro de los cuestionados que figura en la nómina de nexos del sena­dor Bacchetta. Además, fisca­les acusados por mal desem­peño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y defen­soras públicas de cuestionada actuación figuran también entre los principales nexos de aquel y su estudio jurídico con la Justicia, según lo revelado en el cruce de llamadas publicado por La Nación.

En el 2006, Trinidad Zelaya había ingresado esposado al penal de Tacumbú, pero fue inmediatamente liberado, según una publicación del diario Última Hora. Había sido acusado de liberar un camión por la suma de US$ 5.000. Antes de ser magis­trado, Trinidad Zelaya se desempeñó como agente fiscal del departamento de Canin­deyú y se vio involucrado en el caso que fue investigado por el entonces fiscal Anticorrup­ción y hoy senador por el Par­tido Democrático Progresista (PDP), Arnaldo Giuzzio.

"Si vamos a medir con la misma vara, sinceramente corresponde. Podemos decir es exagerado o no", dijo la senadora Desirée Masi, del PDP, con refe­rencia a su colega de Avanza País, Adolfo Ferreiro, quien también es salpi­cado por las denunciadas graves de tráfico de influencias por haber solici­tado favores de Óscar González Daher.

A criterio de la senadora Masi, corresponde que el hermano del intendente de Asunción, Mario, acuda al pleno de la Cámara de Senadores para dar explicaciones del porqué solicitó los favores del ahora ex senador colorado. Se refirió principalmente al caso del contralor que es de su mismo equipo, Enrique García.

"Con ese mismo criterio, creo que el senador (Jorge) Oviedo Matto tenía hasta menor participación en un audio; o sea, es más grave", indicó, considerando que el oviedista renunció ante la inminente pérdida de investidura. "Para mí tiene que venir a la plenaria y él se está ofreciendo", subrayó.

El senador Adolfo Ferreiro remitió un escrito a nuestro diario en el que dice que le parece bien la propuesta del colorado Juan Darío Monges. "Hay que analizar qué correspondería hacer para la correcta investigación de los hechos y el estudio del material incriminatorio y probatorio, para no incurrir en decisiones arbitrarias como tantas veces ocurre por razones políticas".

"Estoy disponible; no renuncié para evadir el debate; pedí al Ministerio Público una investigación y me puse a su disposición. Es más, nuestra bancada propondrá una audiencia pública donde convocaremos a exponer y debatir, de cara al pueblo, a todas las personas involucradas: fiscales mencionados, senadores, jueces y magis­trados, miembros y ex miembros del Jurado, juristas calificados, representantes del Colegio de Abogados, etc.", añadió.

"Pediré la comparecencia de la juez de Concepción González de Bonzi y del juez Riquelme para que informen cuál fue mi relación con ellos. No temo y no soy el cobarde que por intere­ses vergonzantes tira la piedra y después se esconde detrás del voto político o la disciplina partidaria".