La presión de los líde­res políticos sobre el Ministerio Público y Poder Judicial no es algo nuevo, como bien lo señaló días atrás la presidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Victoria Acuña, quien refirió que es una lucha constante del gremio el evi­tar someterse a la voluntad de algunos políticos.

Lo irónico de todo esto es que, hoy, los que dicen ser los defensores de la Justicia y a boca llena hablan de trans­parentar las instituciones son los mismos que en algún momento se sirvieron de su condición o cargo para rea­lizar algún tipo de presión a fin de llegar a algún objetivo.

El ex ministro del Interior Rafael Filizzola, quien fue imputado por lesión de con­fianza, es uno de los más críticos a los magistrados y durante el tiempo que le cupo ocupar el cargo de secretario de Estado pidió a los fiscales y jueces del Poder Judicial actuar "con todo el rigor de la ley" contra los res­ponsables de ataques y ase­sinatos de agentes policiales en el departamento de Caa­guazú el 22 de setiembre del 2009. Durante estas mani­festaciones realizadas por Filizzola olvidó la separa­ción entre los poderes.

En ese entonces, el secre­tario de Estado formuló la exhortación a las autorida­des judiciales al referirse al asesinato de un agente poli­cial por parte de campesinos sin tierra en el departamento de Caaguazú. "Queremos pedir a las autoridades judi­ciales que se actúe con todo el peso de la ley", sostuvo.

Pero los hechos recientes con respecto al reclamo de la presidenta del gremio de fiscales, Victoria Acuña, Filizzola la retruca seña­lando que la agente tiene "todo un prontuario en la Fiscalía. Siempre estuvo en la rosca de fiscales someti­dos al poder para blanquear a los amigos. No vio nada en la época de OGD (González Daher) y ahora se tira contra Petta, es mucho", cuestiona el titular del Partido Demo­crático Progresista.

En este ataque a los jueces y fiscales, la esposa de Filiz­zola, la senadora del PDP Desirée Masi, tampoco esca­tima cuestionamientos hacia los agentes responsables de la investigación en el caso del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien se encuentra con permiso. "La fiscala Yolanda Porti­llo sigue simulando investi­gación de enriquecimiento ilícito de Díaz Verón, desde su escritorio? Qué pasa con todo esto? Yolanda y Nadine Portillo, Aldo Cantero, José Dos Santos, Raquel Fer­nández y otros?, Todos en #AudioFiltrados, son intoca­bles?", expresó en su cuenta de Twitter con relación a la denuncia sobre supuesto enriquecimiento ilícito del fiscal general y el involucra­miento de sus hijos en millo­narias inversiones.

En otra publicación cuestionó la falta de acción de los fiscales responsables del seguimiento del caso de enriquecimiento ilícito de Díaz Verón. Señaló que en todos los casos que existe una denuncia se está haciendo "Nada".

En tanto, el senador Eduardo Petta, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos, es duramente cuestio­nado por sus declaraciones que dan a entender una per­secución a fiscales para que actúen de una forma u otra.

El legislador había dicho que si los fiscales designa­dos para la investigación no impulsan un proceso de imputación están come­tiendo mal desempeño de funciones y podrían ser enjuiciados. Al respecto, Petta señaló ayer, a tra­vés de la 780 AM, que la ley está para ser cumplida y no amenaza. "La ley es dura, no amenaza. La ley se cum­ple, es muy simple. La ley del JEM debe ser el abc de los jueces y fiscales para saber si están cumpliendo con su trabajo", sostuvo.