El senador Enrique Bacchetta no solo hacía lobby ante magistrados de la capital, sino también mantenía fre­cuentes comunicaciones tele­fónicas con jueces de Paz del interior con antecedentes de haber sido enjuiciados por mal desempeño en sus fun­ciones. El cruce de llama­das al que accedió La Nación revela que el legislador colo­rado contactó con 37 jueces y 23 fiscales en el lapso de siete meses, que lo ubican como uno de los principales expo­nentes del tráfico de influen­cias en la esfera judicial.

Entre los contactos de Bac­chetta aparecen dos jueces del departamento de Paraguarí. Uno de ellos ya fue separado del cargo. Jorge Brizuela Ama­rilla, ex juez de Paz de Quy­quyho, fue enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) por mal desempeño en sus funcio­nes, en el 2011. La causa fue caratulada: "Abogs. Agustín Cabral, juez de Paz de la ciu­dad de Presidente Franco, cir­cunscripción judicial de Alto Paraná, Natalia Isolina Caba­llero Ramírez, jueza de Paz de la ciudad de Ypacaraí, circuns­cripción judicial de Central, Melanio Ignacio Brítez, juez de Paz de la ciudad de Juan de Mena, circunscripción judicial de Cordillera, y Jorge Arcadio Brizuela, juez de Paz de Quy­quyho, circunscripción judi­cial de Paraguarí s/ Enjuiciamiento" por la causal de "mal desempeño de funciones", respectivamente.

Asimismo, la lista de nexos del senador Bacchetta incluye al juez penal de Garantía de Para­guarí, Blas Francisco Cabriza Rojas, quien había sido denun­ciado en el 2015 por integrar presuntamente una rosca judi­cial que habría fraguado una resolución para despojar de su finca a un español, según consta en una publicación del semanario Primera Plana (https://www.facebook.com/ semanarioprimeraplana).

Según los datos consig­nados en el mencionado artículo periodístico, un ciu­dadano español, que había adquirido una propiedad en pleno corazón de Ciudad del Este, estuvo a punto de perderla, producto de una supuesta rosca mafiosa, que habría operado desde el mismo interior del Poder Judicial, según denun­ció su abogado, Víctor Alfredo Llamosas.

El caso fue llevado a juicio oral y público, donde fueron senten­ciados el mismo dueño del terreno, su abogado y el jefe de una comi­saría, quien se había apersonado hasta el lugar para constatar lo denunciado, hace 4 años atrás, cuando se desató el conflicto.

Todo comenzó cuando poco tiempo después de haber adquirido el valioso inmue­ble, el ciudadano español de nombre José María Carreño se encontró con la sorpresa de que habían ingresado a su terreno, que está cerca de la terminal de ómnibus, que tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados, cuyo valor supera los 500 mil dólares.

La crónica refiere que el afec­tado se llevó la mayor sorpresa cuando acudió hasta el sitio y encontró a una pareja, identi­ficada como Agustín Guerreño e Elizabeth Ricardo de Gue­rreño. Estas dos personas le explicaron al ciudadano espa­ñol que ingresaron al lugar por orden de Pablo David Ricardo, porque, supuestamente, este sujeto era el propietario de la finca.

Ante esta situación pre­sentada, Carreño, a tra­vés de su abogado Víc­tor Alfredo Llamosas, denunció la inva­sión de su propie­dad ante la Fiscalía de turno, a cargo de la cuestionada fis­cala Fátima Burró. Esta libró oficio a la comisaría de Barrio Obrero, pidiendo el acom­pañamiento del entonces jefe de la citada comi­saría, Arístides Ferreira, a identificar a los ocu­pantes del lugar, apersonán­dose en el sitio para constatar los hechos, que efectivamente ocurrieron.

Según el registro de llama­das publicado por La Nación, el senador Enrique Bacchetta también mantuvo constan­tes comunicaciones con el ex titular de la Fiscalía zonal de Encarnación, Mario Duré Villar, quien fue imputado en el 2006 por los supuestos delitos de apropiación y producción de moneda no auténtica.

Según una publicación del diario Abc Color de fecha 26 de setiembre del 2006, Duré fue denunciado por haberse apropiado de unos 8.200 pesos argentinos (G. 15 millo­nes) durante un levantamiento de cadáver, en Edelira 14, en agosto del mismo año, y de sustituirlos por billetes falsos.

Agentes del Ministerio Público de dudosa reputación acapa­ran el registro de llamadas de Bacchetta, quien es propieta­rio de un estudio jurídico de peso y con notoria influencia sobre el Poder Judicial.