Tras las últimas inter­nas de los partidos políticos, la ciudada­nía ha centrado toda su aten­ción y principales cuestio­namientos a los principales líderes y candidatos del par­tido de gobierno, la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR). Sin embargo, han olvi­dado a los principales actores de la oposición que tienen en su hoja de vida sendos ante­cedentes y cuestionamien­tos, muchos de ellos aún sin aclarar.

Con miras a las elecciones generales del 22 de abril, la mayoría de estos oposito­res buscan mantenerse en el Parlamento a fin de resguar­darse en sus fueros y de esa forma salvarse de responder a la Justicia sobre sus respec­tivos casos.

Ninguno de los partidos de la oposición se salva de tener en sus respectivas listas a algún cuestionado político, que se presente con la mochila aliviada de denuncias, imputaciones o procesos por lesión de con­fianza, malversación de fon­dos, enriquecimiento ilícito, nepotismo, incitación a la invasiones de tierra, cie­rre de rutas o asociación socioideológica con grupos criminales vinculados con los secuestros en el Norte.

El senador liberal Enzo Car­dozo, ex ministro de Agricul­tura y Ganadería, salpicado con acusaciones por desvíos millonarios de G. 68.000 millones y G. 3.200 millones durante su administración en el MAG. Cardozo ahora es candidato al Parlasur.

Tampoco debemos olvidar a la senadora del PDP Desirée Masi, que tras la filtración de una con­versación vía WhatsApp se des­cubrió que tenía la intención de atentar contra la vida del presi­dente Horacio Cartes.

En tanto, el senador Fer­nando Silva Facetti, quien busca su rekutu, fue tildado como el "Patrón del mal del IPS" por el sindicalista Ser­gio Lovera por la supuesta sobrefacturación en la com­pra de ambulancias, mini­buses y televisores cuando se desempeñaba como titu­lar del hospital.

También forman parte de la lista de cuestionados los diputados Milciades Duré, Blas Lanzoni, Jorge Ávalos Mariño, Zulma Gómez, Sixto Pereira, entre otros.

La chapa presidencial de Alianza Ganar tampoco se escapa de las acusaciones por mal desempeño en sus respectivas gestiones. El candidato a la Presidencia de la República por el PLRA es conocido por el negociado de la "Ruta de la mentira" que une Yhú-Vaquería (Caaguazú) durante su gestión como ministro de Obras Públicas.

Así también pesa sobre sus hombros una denuncia penal ante la Fis­calía General por serias sospechas de haber incurrido en "lesión de confianza" por supuestamente utilizar dinero del PLRA sin autoriza­ción para pagos a particulares.

Leo Rubin, candidato a vicepresidente de Alianza Ganar, tiene nula o escasa militancia política, aunque por su posición social, se las arre­gló para vincularse con importantes personalidades, como Fernando Lugo y Jorge Oviedo Matto, quienes al parecer gracias al tráfico de influencias lograron cumplirle costosos "caprichos" con dinero del Estado. Rubin fue duramente criticado en el 2015, tras el estreno de su película "Mangoré, por amor al arte".

La mencionada producción tuvo un costo de más de US$ 1 millón. Un gran porcentaje de la inversión fue dinero estatal, ya que el ex presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, le entregó US$ 200 mil pertenecientes al presupuesto del Senado. "En la época de Lugo, consiguió un auspicio de casi US$ 500 mil para un concierto, también le dieron G. 2 mil millones para un congreso y ahora esta sorpresita que nos enteremos", había mencionado el diputado Óscar Tuma.

Otro de los candidatos con oscu­ros antecedentes en la lista de los liberales, quien busca asegurarse un lugar en el Senado mostrando a la ciudadanía una imagen total­mente contradictoria a lo que realmente es, es el ex ministro de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis.

El ex ministro es investigado por la fiscala de Delitos Económicos Vic­toria Acuña, ante supuesta lesión de confianza y usurpación de fun­ciones públicas, mientras estuvo al frente del MOPC tras realizar un con­trato sin llamar a licitación servicios de una firma italiana para trabajos de consultoría donde habría causado un perjuicio a la cartera de Estado ministerio sería aproximadamente US$ 500 mil y unos US$ 100 mil a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Hasta la fecha no fue posible realizar la audiencia preliminar debido a las innumerables chicanas presentadas por sus defensores. Recientemente fue imputado por presentar un certificado médico falso de reposo médico para no comparecer a su audiencia preliminar.

El diputado liberal y aspirante a una banca al Senado es señalado como el "cerebro" de la corrup­ción en la Universidad Nacio­nal de Asunción (UNA), cuando se desempeñaba como direc­tor administrativo por más de 20 años, antes de ser legisla­dor.

Tiempo que aprovechó para colocar a sus seis hijos en impor­tantes cargos con altos salarios. Su nombre saltó por presión del estudiantado, en ocasión del escándalo protagonizado por el entonces rector Froilán Peralta, quien montó todo un esquema de corrupción nunca antes igua­lado.

En la ocasión surgió el nombre de Dionisio Amarilla como el supuesto "cerebro" detrás de una sofisticada red de enriquecimiento ilícito, de nepotismo y de tráfico de influencias. De acuerdo con las denuncias hechas por los propios estudiantes a varios medios, el político liberal monopolizó el cargo y permitió la incorporación a la UNA de recomendados políticos y amigos, y manejó a los decanos a gusto.

El diputado y rector de la Univer­sidad Nacional de Pilar (UNP), Víctor Ríos, busca ganarse una banca en el Senado para el período 2018/2023. En el 2014, a través de la intervención de la Contraloría General de la Repú­blica, se pudo constatar que en el 2012 Ríos tenía a su cargo varias cátedras dentro de la universi­dad, a las que no asistía, pero sí cobraba todos los honorarios correspondientes.

Figuraba como investigador y docente en las facultades de Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y otras carreras violando los artículos 197 Y 198 "De las inhabilidades e inhabilidades relativas" de la Constitu­ción, que prohíbe a los funcionarios ocupar dos cargos a la vez. Ríos es diputado nacional desde el 2008 y fue ministro de Educación en la era de Fernando Lugo, pero nunca presentó renuncia a ninguno de sus cargos.

Se lo recuerda también por el protagonismo que él y su familia desempeñan en los entes estatales, ya que el diputado habría ubicado a varios de los suyos en distintas dependencias públicas.

En un antiguo video vinculado al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) aparece el dipu­tado liberal, quien busca alzarse con una banca en el Senado, José "Pakova" Ledesma.

En el audio visual se lo ve compartiendo reuniones político-ideológicas junto a miembros de la agrupa­ción criminal: Lorenzo Gon­zález, atrapado en Brasil en noviembre último, y Osmar Martínez (condenado por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, recientemente falleció en la Agrupación Especializada).

Esto salió a la luz cuando a fines de noviembre del 2017 dos de sus integrantes, que se encontraban prófugos, fueron detenidos en San Pablo, Brasil.

Uno de ellos, González, fue identificado por los investiga­dores de la Policía y la Fisca­lía en un video de una reunión política, en el que también apa­recen Ledesma y el senador Sixto Pereira, del Frente Guasu. "Pakova" también es criticado por presuntamente instigar a las invasiones ilegales a propiedades privadas al igual que su correligio­nario Luis Alberto Wagner.

El ex ministro de la Secreta­ría de Emergencia Nacional Camilo Soares ha presentado innumerables chicanas que han empantanado el proceso por casi 7 años.

Evitando de esta forma afron­tar juicio oral y público por un millonario perjuicio al Estado paraguayo en la sobrefactura­ción de panificados, específi­camente coquitos, durante su gestión en la SEN.

Soares, quien ahora es candidato al Senado, fue acusado junto a Alfredo Guachiré en abril del 2011 en un pro­ceso empantanado por chica­nas, el juez Paublino Escobar pudo elevar a juicio oral en abril del 2016, y confirmado por la Cámara de Apelaciones en junio del mismo año.

Pero las defensas de Soares y Guachiré recurrieron a la Corte con acciones de inconstitucio­nalidad que "duermen" en la Sala Constitucional integrada por Peña, Antonio Fretes y Miguel Óscar Bajac.

Soares pretende que la Sala Cons­titucional de la Corte Suprema anule la acusación en su contra y lo deje libre.

El senador liberal Luis Alberto Wagner ganó varias denun­cias en su contra por presun­tamente ser uno de los prin­cipales promotores de las invasiones irregulares de tie­rras. Entre ellas, las invasiones de propiedades en Guahory.

En 1999 fue acusado de for­mar parte de la violación de la Constitución, cuando de manera arbitraria se decidió no llamar a elecciones para elegir al presidente luego de la renun­cia de Raúl Cubas Grau.

En esa oportunidad se nombró directamente a Luis Ángel González Mac­chi como sucesor. Wagner fue blanco de críticas, porque supuestamente había negociado importantes cargos, como en el Ministerio de Agricultura, que finalmente lideró.

Su gestión en el MAG fue un total fracaso, tanto que le adju­dicaron el mote de "ministro matapicudo", por supuestamente haber malversado los fondos des­tinados a la compra de insumos del Proyecto de Reactivación del Algodón. En el 2003 la fiscala Rocío Vallejos presentó imputación en su contra por lesión de confianza.

La ex ministra de Salud del gobierno de Fernando Lugo y actual senadora del par­tido Frente Guasu (FG) Espe­ranza Martínez, quien busca el rekutu, incurrió en una millona­ria sobrefacturación de medi­camentos. Martínez compró medicamentos por G. 14.000 millones que no se podrán usar todo ni en 40 años.

De hecho, tiempo después importantes lotes de fárma­cos e insumos fueron desecha­dos por vencimientos. Desde que asumió la cartera sanitaria en el 2008, la legisladora fue protagonista de serias irregularidades financieras. La millonaria "tragada" quedó en el folclórico "oparei" y ahora apunta a su segundo periodo en el Parlamento.

Otra de las pinto­rescas acciones administrativas de la ex ministra fue la "autoad­judicación de premios por buena gestión". Entre agosto del 2008 y marzo del 2011, cobró cerca de G. 650 millones solo en con­cepto de bonificaciones y grati­ficaciones.

Martínez defendió la autoasig­nación como "correcta" por ser una distribución de premios por metas alcanzadas contemplada en la ley.

El senador, ahora independiente, Carlos Amarilla está acusado por presunto faltante de G. 9.000 millones, entre el 2012 y el 2013, en su gestión como gobernador del departamento Central. Ade­más, su colega Blas Llano pre­sentó en su contra una querella autónoma, por la comisión de hechos punibles de calumnia y difamación.

Finalmente, el Senado rechazó el pedido de desafuero para el parlamentario, quien es inves­tigado por una presunta lesión de confianza. Durante su tratamiento, no se consiguieron los votos necesarios para que el senador quede a disposición del Ministerio Público en la primera causa.

El segundo pedido de desafuero por la denuncia de calumnia y difa­mación contra Blas Llano al sindicarlo como el responsable del ata­que a la sede del Partido Liberal, en este caso tampoco se juntaron los números necesarios para lograr su desafuero.

El 23 de mayo de este año se cum­plirán 5 años de la presentación de la imputación por lesión de confianza contra el presidente del Partido Demócrata Progresista, Rafael Filizzola, esposo de la sena­dora Desirée Masi, pero hasta la fecha no se pudo llevar a cabo el juicio oral y público por las manio­bras jurídicas planteadas por el acusado durante todo el proceso penal. El hecho se produjo cuando se desempeñaba como ministro del Interior.

Los fiscales sostie­nen que el ex ministro estaba en conocimiento de todos los trámites para la compra de helicópteros de la firma Proibérica, es decir, sabía de las condiciones del pliego de bases y condiciones de la licitación pública, así como de los incumplimien­tos por parte de la empresa. Según la Fiscalía, los helicópteros fueron entregados sin sus manuales logísticos, que son de uso obligatorio y están relacionados al valor a las aeronaves por lo que concluyeron que sin el instructivo, no están en condiciones de aeronavegabilidad. El perjuicio habría sido G. 47.890 millones.

La Fiscalía había imputado al senador del Frente Guasu Carlos Filizzola por lesión de confianza durante la época en que fue ministro del Interior, debido a que el 12 de octubre del 2011 pagó la suma de G. 20.382 millones a la empresa Proibérica en concepto de can­celación de pago por la adqui­sición de 4 helicópteros, a pesar de que la firma no cum­plió con las condiciones esta­blecidas en el pliego de bases y condiciones.

Las aeronaves fueron adquiridas por su primo Rafael Filizzola. En abril del 2014, el propio senador del Frente Guasu solicitó su desafuero para someterse a la Justicia. Durante su descargo, fustigó contra el Ministerio Público por presentar documentos falsos para acu­sarlo, los cuales dio a conocer días atrás. Sin embargo, el juez Hugo Sosa Pasmor se allanó al pedido de la Fiscalía y otorgó el sobreseimiento definitivo para el senador Filizzola, a finales del 2014.