El juez penal de Garan­tías Julián López resolvió que el pro­ceso penal contra el diputado liberal Carlos Portillo por los delitos de tráfico de influen­cias, cohecho pasivo, soborno y asociación criminal se tra­mite en el Juzgado de Garan­tías de la Capital. Portillo soli­citó que la causa sea trasladada a Alto Paraná. Asimismo, el citado magistrado confirmó la admisión de la imputación del parlamentario y rechazó otros incidentes más.

López considera que los hechos que el Ministerio Público está investigando se registraron en Asunción debido a que el diputado hace oficina en el Congreso, por lo tanto corres­ponde que este juzgado sea quien entienda en el presente proceso penal, expresa el fallo del magistrado.

Debido a que los planteamien­tos son con apelación en sub­sidio, es decir, al ratificarse el juez en todo lo resuelto ante­riormente, corresponde que el superior, en este caso el Tri­bunal de Apelación, estudie si corresponde confirmar las resoluciones de primera ins­tancia o en su defecto anular dicha sentencia. A raíz de que el expediente deberá ser ana­lizado por los integrantes de la Cámara de Apelación, la audiencia de imposición de medidas para el parlamentario no se podrá aún llevar a cabo. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario para el legislador liberal.

La imputación fue presentada por la fiscala Liliana Alcaraz. El escrito presentado por el Ministerio Público indica que se inició de oficio la investiga­ción en contra del legislador como consecuencia de divulga­ciones periodísticas realizadas por un medio radial, referente a la difusión de audios en los cuales se escucha al diputado Carlos Portillo conversar con una mujer sobre la obtención de una supuesta resolución favorable a un caso judicial a cambio de dinero.

También en la citada causa penal está impu­tada la abogada Lucía Ramona Escobar Santacruz, en compli­cidad por tráfico de influencias. Igualmente, la defensa de la profesional del foro presentó una excepción de incompeten­cia territorial.